Estados Unidos. El gobierno del estado de California presentó una demanda contra la administración del presidente Donald Trump tras la autorización federal para reanudar operaciones en dos oleoductos que permanecían cerrados desde un derrame masivo ocurrido en 2015. La acción legal busca impedir que la empresa Sable Offshore Corp. reactive la infraestructura sin cumplir con las regulaciones estatales vigentes.
El conflicto se centra en los ductos CA-324 y CA-325, integrados al sistema Las Flores, cuya operación fue suspendida luego de un desastre ambiental en Refugio Beach, en las cercanías de Santa Bárbara. En ese episodio, la ruptura de una tubería corroída provocó el derrame de cientos de miles de galones de crudo, considerado uno de los más graves en la costa californiana en al menos un cuarto de siglo.
La reactivación fue avalada por el secretario de Energía, Chris Wright, quien argumentó que la medida responde a necesidades estratégicas del país. Para justificarla, el gobierno federal recurrió a la Ley de Producción de Defensa, en medio de presiones internacionales derivadas del conflicto con Irán y la necesidad de fortalecer el suministro energético.
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No obstante, el fiscal general del estado, Rob Bonta, sostiene que la decisión invade competencias estatales y desconoce tanto normativas locales como resoluciones judiciales vigentes. Afirmó que permitir la reapertura sin cumplir dichas disposiciones representa un riesgo ambiental y sanitario, recordando que el derrame de 2015 afectó ecosistemas marinos y expuso a comunidades cercanas a vapores tóxicos.
Además del frente legal, la decisión federal tuvo efectos inmediatos en el mercado bursátil, con un aumento cercano al 10 por ciento en el valor de las acciones de Sable Offshore tras el anuncio.
¿Por qué California insiste en frenar la reapertura de los oleoductos?
Porque el estado argumenta que persisten condiciones de riesgo que no han sido completamente corregidas desde el derrame de 2015, además de que existen obligaciones legales impuestas por tribunales que buscan evitar un nuevo desastre ambiental de gran escala.
El trasfondo energético del conflicto
Más allá de la disputa judicial, el caso refleja una tensión estructural entre la política energética federal —orientada a garantizar el abasto ante un escenario internacional incierto— y la postura de California, que mantiene una línea más estricta en materia ambiental frente a proyectos considerados de alto riesgo.
