?Ciudad de México.- Las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos aprobaron esta tarde el decreto para expedir la Ley de anticorrupción
en contrataciones públicas, que establece que una investigación en
contra de un funcionario o servidor público podrá iniciar por una
denuncia anónima. Además, establece recompensas y protección a los denunciantes de
prácticas corruptas en la administración federal de los funcionarios
públicos.
El dictamen, que se prevé llevar al Pleno el próximo jueves, eleva las
sanciones administrativas en contra de quien incurra en corrupción. Para
personas físicas establece multas que van de 57 mil 460 hasta tres
millones 873 mil pesos.
Para empresas, la sanción por conductas irregulares en permisos,
concesiones o transacciones comerciales internacionales alcanza los 115
millones de pesos.
El dictamen abre además la posibilidad de que la Secretaría de Función
Pública pueda solicitar al gobierno de otro país información para la
investigación y sustentación del procedimiento administrativo en contra
de quienes caigan en irregularidades al momento de transacciones
internacionales, adquisiciones, arrendamientos o servicios de obra
pública.
Por ley, la autoridad competente deberá investigar las quejas o denuncias anónimas y ordena a la Secretaría de la Función Pública establecer módulos de captación de denuncia, así como mecanismos para otorgar a los informantes protección y estímulos.
De acuerdo con la argumentación de la iniciativa, las multas o
“mordidas” costaron en 2007 a la economía de cada familia 138 pesos
mensuales, lo que significa que, en el mejor de los escenarios, los
mexicanos destinaron 8% de su ingreso para gastos de corrupción.
Según Transparencia Internacional, el 31% de los mexicanos aceptaron
haber pagado al menos un soborno para conseguir que atendieran sus
reclamos, mientras que Brasil reportó un porcentaje de tan sólo 4%.
El proyecto de ley agrava las sanciones derivadas de faltas
administrativas imponiendo en el caso de inhabilitación, por actos que
impliquen beneficio o lucro, de uno hasta diez años, si el monto no
excede a doscientas veces el salario mínimo general mensual vigente en
el DF, y de diez a veinte años si excede de dicho límite.
Por otra parte, establece que en el caso de infracciones graves se
impondrán de diez a veinte años de inhabilitación, así como la
destitución.
Para la imposición de las sanciones administrativas se tomarán en cuenta
los elementos propios del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el
servidor público cuando incurrió en la falta, incluyendo ahora la
referida a la colaboración del servidor público en la identificación de
los hechos o en la acreditación de la responsabilidad administrativa de
otros servidores públicos.
