Caracas.- El Comité para la Protección de los Periodistas dijo este miércoles en un informe que el presidente venezolano Hugo Chávez ha apelado a amenazas y medidas restrictivas para debilitar a la prensa privada.
El CPJ, por sus siglas en inglés y con sede en Nueva
York, precisó que las restricciones han incluido el hostigamiento contra
los periodistas críticos, así como multas y otras medidas para
penalizar la cobertura periodística de temas delicados.
Joel Simon, director ejecutivo del CPJ, dijo que el clima restrictivo
afectó la cobertura de la prensa venezolana sobre la mortífera explosión
en una refinería el fin de semana pasado, que dejó decenas de muertos y
ha desencadenado un debate sobre las medidas de seguridad en la
industria petrolera.
“Ahora hay un gran desastre con claras implicaciones para la seguridad
pública y el gobierno ya ha creado un ambiente en el que los periodistas
están probablemente preocupados de que informar demasiado agresivamente
puede conducir a represalias”, dijo Simon en una entrevista telefónica
desde Nueva York.
“El clima legal que existe ahora es que los periodistas siempre se
tienen que preocupar si reportean, aun reportajes básicos sobre
cuestiones de gran impacto para el público, cosas como delito, seguridad
pública, si puede haber acciones del gobierno y acciones legales como
resultado de esos reportajes y eso es sencillamente inaceptable”, dijo
Simon.
El informe del grupo, que fue preparado antes del desastre petrolero,
citó una multa de 2.2 millones de dólares a Globovisión por su cobertura
de una rebelión carcelaria el año pasado. También condenó una orden
judicial que requiere que los periodistas fundamenten con datos sólidos
los informes sobre contaminación del agua y requiere específicamente un
informe técnico fidedigno avalado por una institución competente.
Esa medida tuvo lugar después de informes en los periódicos venezolanos
sobre quejas de agua potable contaminada y sobre un derrame petrolero
que afectó el río Guarapiche en el este de Venezuela.
“La medida cautelar vinculada al agua contaminada representa uno de los
tantos episodios dentro de un campo minado de reformas legislativas y
decretos presidenciales introducidos por el gobierno de Chávez desde que
asumió el poder en 1999 para restringir a los medios independientes”,
dijo el CPJ en su informe.
“A través de su presencia masiva en los medios del estado y el uso de
métodos de censura, acoso legal y sanciones administrativas, el gobierno
de Chávez fija límites claros sobre el disenso publico”, agregó.
El CPJ dijo que dichas medidas han conducido a la censura y a la
ausencia de análisis en profundidad sobre algunos temas antes de las
elecciones presidenciales del 7 de octubre. Agregó que se restringe cada
vez más el acceso a la información que debería ser pública y que
periodistas de organizaciones noticiosas críticas, como Globovisión,
suelen ser excluidos de las conferencias de prensa.
No hubo reacción inmediata del gobierno venezolano al informe. Chávez ha
insistido en que su gobierno respeta la libertad de prensa, a la vez
que critica enérgicamente a los medios privados que, según dice, hacen
campaña contra él.
El martes, Chávez acusó a sus oponentes de emplear los medios
aprovechándose del desastre de la refinería con propósitos políticos.
“Ellos tienen una estrategia bien pensada que no debemos subestimar…
ellos tratan de apagar el fuego patrio”, afirmó.
CHG
