Perú.- La situación no deja de estar tensa en Perú, pues este viernes el Ministerio Público informó que procederán con una investigación en contra de la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, quienes han sido denunciados por su presunta responsabilidad en las muertes ocurridas el pasado mes de diciembre durante las jornadas de manifestaciones.
Hay que recordar que Perú enfrentó momentos de crisis desde la destitución y detención del exmandatario Pedro Catillo, lo que desató intensas protestas y causó la muerte de al menos 28 personas; dicha situación ha sido altamente cuestionada por estancias tanto nacionales como internacionales.
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Y justamente atendiendo a estas demandas que el Ministerio Público enfatizó en sus redes sociales:
La Fiscalía de la Nación (general) dispuso realizar diligencias previas respecto a las denuncias presentadas contra la presidenta de la República, Dina Boluarte; Alberto Otárola, en su condición de ministro de Defensa (hoy ocupa el cargo de primer ministro); César Cervantes, exministro del Interior y otros.
Tras conocerse la decisión del Ministerio Público, Boluarte expresó su intención de colaborar de manera transparente con la investigación, pues advirtió que “dará todas las facilidades que correspondan para el pronto esclarecimiento de los hechos, tal como lo ha solicitado en reiteradas oportunidades”.
Partiendo de esto, en su etapa inicial, el Ministerio Público verificará si han existido actos delictivos durante los hechos y si hay elementos materiales para que estos fueran cometidos. Luego la Fiscalía podrá ordenar el archivo de las denuncias o su formalización para seguir con la investigación preparatoria si se encuentran indicios que revelen algún delito.
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Por último, recordamos que las protestas comenzaron luego de que Dina Boluarte fuera nombrada presidenta de Perú tras el “autogolpe de Estado fallido” de Pedro Castillo, quien cumplirá 18 meses de prisión preventiva por el delito de rebelión.
Las exigencias de los manifestantes no solo incluían la renuncia de la mandataria, sino también el adelanto de las elecciones, una nueva constitución y la liberación del político de 53 años.
