Alguacil de California no reportará a indocumentados

?Los Ángeles, Cal.- Un alguacil de California dijo el miércoles que no avisará a La Migra cuando a su cárcel arribe un indocumentado detenido por cometer un delito menor. La decisión de Ed Prieto, alguacil del condado de Yolo (California), es la última muestra del creciente descontento de policías y funcionarios electos del país hacia el programa Comunidades Seguras, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés). “Programas que son así, son hechos en detrimento de la comunidad”, dijo Prieto. “Crean una gran barrera entre las comunidades y la policía”. En conferencia telefónica, Prieto dijo, no obstante, que seguirá refiriendo a sospechosos de delitos graves como violación y asesinato. Comunidades Seguras permite que la policía de los condados o las ciudades notificar electrónicamente al ICE cada vez que detengan a un inmigrante indocumentado. -¿Cómo descubren el estatus legal de la persona en el país?Una vez fichado, las huellas dactilares del arrestado son cotejadas con bases de datos de violaciones migratorias del Departamento de Seguridad Interna, de antecedentes penales del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés). Si se confirma que el arrestado es indocumentado, se inicia un proceso de deportación. Una vocera del ICE no quiso comentar sobre la decisión de Prieto porque no estaba autorizada para hacerlo, defendió el programa y resaltó la importancia de la cooperación de las autoridades locales. Activistas, policías y funcionarios electos han criticado a Comunidades Seguras porque ha abierto la puerta a la deportación de más trabajadores indocumentados que a personas que cometen delitos graves, lo que resulta contrario al objetivo primordial del ICE de deportar a criminales peligrosos que hayan sido condenados como tales. A nivel nacional también temen que el programa termine arrestando a personas de acuerdo a su caracterización racial y a que las víctimas que se encuentren en el país sin autorización legal se nieguen a cooperar con la policía cuando sean víctimas de delitos. Funcionarios públicos de Washington D.C., del condado de Arlington, en Virginia, y otras comunidades en el país han votado para no ser parte de Comunidades Seguras y activistas de inmigración en Boston le han pedido a la policía que se salga del programa. Desde el año 2008 a marzo de 2011 se han deportaron a 29 mil 296 inmigrantes que no fueron condenados de crimen alguno, de acuerdo con las cifras del ICE. También deportaron a 14 mil 237 inmigrantes condenados de un delito grave o de dos o tres delitos menores y 31 mil 735 convictos de hasta dos delitos menores, de acuerdo con el ICE. La clasificación de “no convicto” (no condenado) no quiere decir que el inmigrante no haya sido arrestado antes, ni que haya reingresado al país ilegalmente o que no tenga orden de deportación. Sólo quiere decir que no está condenado de un delito, de acuerdo con ICE. “Cuando comenzó el programa (en el 2008) estaba contento … pero cuando me enteré que más gente fue deportada por delitos menores, me decepcioné” , dijo Patrick Pérez, alguacil del condado de Kane, en Illinois. El alguacil Prieto sostuvo que podía cooperar sólo parcialmente con ICE porque no están obligados a hacerlo plenamente. En California, la aplicación del programa inició con la suscripción de un acuerdo firmado entre el ICE y la Oficina del Procurador de California y no directamente con las agencias policiales. “Los alguaciles somos independientes en ese sentido, así que podemos hacerlo”, dijo el alguacil Prieto, indicando que todavía no ha notificado a ICE.  “Planeamos poner esto en práctica tan pronto podamos” . A principios de mayo, el gobernador de Illinois, Pat Quinn, dijo que dejaría de cooperar con Comunidades Seguras porque tiene “irregularidades”. En California, el Comité de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa aprobó el mes pasado un proyecto de ley que le da autonomía a los alguaciles para participar, o no, en el programa. La propuesta es respaldada por el alguacil de San Francisco, Michael Hennessey, quien dice que los inmigrantes no deben de temer a ser deportados cuando reporten un delito. A principios de mayo, el Grupo de Congresistas Hispanos envió una carta al presidente Brack Obama pidiéndole que congele Comunidades Seguras. Pero Comunidades Seguras también cuenta con apoyo. La Asociación Nacional de Alguaciles aprobó en junio pasado una resolución en respaldo al programa. La agrupación tiene 22 mil miembros, incluyendo 3 mil 83 alguaciles, de acuerdo con el portavoz Fred Wilson. “Comunidades Seguras es el programa más efectivo para deshacernos de indocumentados que han sido condenados de delitos y así, proteger a la comunidad”, dijo Adam Christianson, alguacil del condado de Stanislaus, en California. “No lo uso para hacer redadas, ni operativos, ni en paradas de tráfico ni en casos de violencia doméstica. Sólo cuando fichamos a los sospechosos”. Actualmente, mil 315 jurisdicciones en 42 estados participan en Comunidades Seguras, de acuerdo con ICE. La mayoría de los participantes adoptaron el programa voluntariamente. “La identificación y deportación de muchos delincuentes inmigrantes no podría ser posible sin la cooperación de nuestros socios: las agencias locales del orden”, dijo recientemente la portavoz de ICE, Virginia Kice. “Los pedidos de detención de ICE son una medida efectiva para asegurarnos que las personas arrestadas por cargos graves, que también han quebrantado las leyes migratorias, no sean sueltas de regreso a la comunidad para potencialmente volver a delinquir”. Inicialmente, el ICE dijo que la participación en el programa era voluntaria y que los participantes podían decidir no enviar las huellas dactilares al Departamento de Seguridad Interna, pero después la cooperación se volvió obligatoria. La secretaria del Departamento de Seguridad Interna, Janet Napolitano, dijo el mes pasado al diario San Francisco Chronicle que ninguna agencia o entidad podía dejar de enviar copias de huellas dactilares a su agencia. “La opción fue un malentendido desde el comienzo … y hemos tratado de corregir eso” , dijo Napolitano. Lo más probable es que la Corte sea quien diga la última palabra sobre si la policía o entidades como ciudades o estados tienen la obligación de participar en el programa o si tienen la opción de no hacerlo, de acuerdo con la abogada Britney Nystrom, directora de política y asuntos legales del Foro Nacional de Inmigración. “El Departamento de Seguridad Interna ha mostrado cambios de postura. Primero dijo que el programa era voluntario, luego que no y por otro lado están diciendo que para el 2013 todas las jurisdicciones estarán participando en el programa”, dijo Nystrom.