Estados Unidos. La relación entre el Gobierno de Estados Unidos y la Universidad de Harvard volvió a tensarse este viernes, luego de que la administración del presidente Donald Trump presentó una demanda en su contra por presuntos actos de discriminación hacia estudiantes judíos e israelíes.
El recurso legal fue interpuesto ante un tribunal federal en Boston, donde se argumenta que, tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, alumnos de origen israelí han enfrentado acoso e incluso agresiones físicas dentro del campus. Según el Gobierno, estos hechos reflejan un ambiente “hostil” que la universidad no atendió de forma adecuada.
Entre los señalamientos también se incluyen las protestas propalestinas registradas entre 2023 y 2024, en las que manifestantes ocuparon espacios universitarios, como bibliotecas, e instalaron campamentos durante varios días. De acuerdo con la demanda, estas acciones violaron normas internas sin que se aplicaran sanciones significativas.
Además de exigir cambios en la gestión institucional, el Gobierno busca recuperar miles de millones de dólares en subvenciones federales, al considerar que la universidad habría incumplido el Título VI de la legislación estadounidense, que prohíbe la discriminación en instituciones que reciben recursos públicos.
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¿Qué detonó la escalada del conflicto entre el Gobierno y Harvard?
El diferendo se intensificó luego de que, en febrero de 2025, el Ejecutivo envió una carta formal a Harvard para exigir modificaciones en sus procesos internos, incluyendo criterios de admisión, contratación y supervisión ideológica. Ante la negativa de la institución, el Gobierno respondió congelando más de 2 mil millones de dólares en fondos federales; sin embargo, la universidad impugnó la medida y logró que una jueza suspendiera el bloqueo.
Otras universidades bajo revisión federal
El caso de Harvard forma parte de una serie de acciones emprendidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra instituciones educativas. Entre ellas destaca la Universidad de California en Los Ángeles, que también enfrenta una demanda por presuntamente permitir actos considerados antisemitas y no atender denuncias de estudiantes y trabajadores judíos e israelíes.
Estas acciones reflejan una política más amplia del Gobierno estadounidense orientada a reforzar la aplicación de leyes antidiscriminación en el ámbito universitario, en un contexto de creciente tensión y polarización dentro de los campus.
