Estados Unidos. Organizaciones ambientalistas, grupos defensores de migrantes y representantes de comunidades tribales exigieron a las autoridades de Estados Unidos y Florida asumir responsabilidades por los impactos relacionados con el centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”, luego de que el gobernador Ron DeSantis anunciara su cierre.
La protesta se realizó frente al acceso del complejo ubicado dentro de la Reserva Nacional Big Cypress, en los Everglades, donde los colectivos cuestionaron tanto las afectaciones al ecosistema como las condiciones en las que operó la instalación. Los manifestantes señalaron que el proyecto fue construido en una zona ambientalmente vulnerable y, según sus denuncias, sin cumplir con todos los procesos legales requeridos.
Una instalación rodeada de conflictos ambientales y migratorios
De acuerdo con las organizaciones inconformes, el centro comenzó a operar en junio de 2025 tras ser impulsado por autoridades estatales a petición del Gobierno federal de ese momento. Su construcción en una región considerada fundamental para el equilibrio ecológico del sur de Florida generó demandas legales por parte de grupos ambientalistas y comunidades indígenas.
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Los colectivos argumentaron que la obra pudo afectar un área protegida y cuestionaron las autorizaciones utilizadas para permitir su desarrollo. Además, señalaron que el caso abrió un debate sobre la instalación de centros migratorios en espacios con valor ambiental y territorial.
El conflicto también se extendió al trato recibido por las personas migrantes detenidas. Diversas agrupaciones denunciaron presuntas limitaciones para acceder a asesoría legal y condiciones de reclusión que han sido señaladas como preocupantes por organizaciones internacionales.
¿Qué reclaman los grupos tras el anuncio del cierre de “Alligator Alcatraz”?
Los activistas sostienen que el cierre del centro no representa una solución completa y solicitan acciones adicionales, como la restauración del ecosistema afectado en Big Cypress, investigaciones sobre las decisiones que permitieron la operación del complejo y garantías para evitar que instalaciones similares sean construidas nuevamente bajo condiciones cuestionadas.
La disputa migratoria continúa en Florida
El caso de “Alligator Alcatraz” volvió a poner bajo discusión la estrategia migratoria del estado y el uso de centros de detención como parte de los operativos de deportación. Mientras Ron DeSantis defendió el complejo al señalar que contribuyó a incrementar las deportaciones, sus críticos consideran que el proyecto refleja los riesgos de aplicar políticas migratorias estrictas en zonas ecológicamente sensibles y bajo controversia legal.
