Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos puso en marcha un amplio mecanismo de vigilancia interna orientado a identificar a personas consideradas como potenciales “terroristas domésticos”. La medida, detallada en un memorando fechado el 4 de diciembre y revelado por el Los Angeles Times, instruye al Departamento de Justicia y al FBI a crear un listado de objetivos y un sistema de recompensas para incentivar reportes provenientes de la ciudadanía.
La fiscal general Pam Bondi ordenó al Buró Federal de Investigaciones enfocar esfuerzos en individuos que, mediante amenazas o actos violentos, busquen imponer agendas políticas o sociales que la administración federal considera contrarias a los valores estadounidenses. Entre las posturas señaladas se mencionan aquellas que se alejen de principios identificados por el gobierno como capitalistas o cristianos. La instrucción opera como extensión de una fuerza operativa ya existente contra el “terrorismo doméstico” y la “violencia organizada”, estructurada previamente durante la presidencia de Donald Trump.
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En el documento firmado por el presidente, la Casa Blanca sostiene que recientes expresiones de violencia política responden a “campañas de intimidación y radicalización” diseñadas para limitar la participación cívica e influir en decisiones gubernamentales. Por ello, se ordena a los Grupos Conjuntos de Terrorismo (JTTF) y a otras agencias, incluido el Departamento del Tesoro, intervenir para desmantelar presuntas redes de financiamiento vinculadas a estos movimientos.
La directriz también apunta a agendas consideradas problemáticas, entre ellas la oposición frontal a la ley migratoria y posiciones extremas que promuevan la migración masiva y fronteras abiertas. Bondi solicitó además el diseño de un sistema de recompensas para reforzar la denuncia ciudadana, sin referir de manera específica a extremismos asociados al supremacismo blanco.
¿Quiénes serán los principales objetivos de este programa federal?
El memorando indica que el enfoque se dirigirá especialmente a grupos identificados por la administración como parte de la llamada “izquierda radical” y a individuos que busquen alterar el orden político mediante violencia o amenazas, acciones que —según el gobierno— ponen en riesgo la estabilidad democrática del país.
