Los Mochis, Sinaloa. A tres años de que productores agrícolas de la zona norte de Sinaloa denunciaran presuntos fraudes y desvíos millonarios en la extinta Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), existe una orden de aprehensión contra uno de los exfuncionarios señalados, sin embargo, hasta el momento no ha sido localizado por las autoridades.
La diputada federal Ana Elizabeth Ayala Leyva informó que continúan las investigaciones contra exempleados de la institución financiera que presuntamente aprovecharon sus cargos para realizar movimientos irregulares en créditos otorgados a productores.
“Sí hay investigación sobre funcionarios que laboraban en Financiera Nacional que abusaron de la confianza que tenía el productor, porque ya en algún momento les otorgó el crédito, asistían y hacían uso de su nombre, hacían uso de su crédito y se cubrían de manera indebida otros créditos en vez del propio”, declaró.
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La legisladora explicó que uno de los exfuncionarios señalados cuenta con una carpeta de investigación y es considerado una de las personas con mayores elementos probatorios en su contra.
“Sí hay señalamientos. Incluso aquí en nuestro municipio hay la búsqueda de uno de los funcionarios, que es el que más tiene pruebas; se encuentra no localizado. Sabemos porque él conoce el delito que cometió, pero sí, en este caso sí hay una denuncia, sí hay una carpeta de investigación, y sí hay un señalamiento por parte de la Financiera a sus empleados”, señaló.
Los productores fueron quienes denunciaron el “modus operandi” dentro de la FND
De acuerdo a las denuncias de los productores agrícolas de la región, el esquema delictivo habría iniciado en el 2017. Señalando la complicidad de Iván Orlando “C”, quien era promotor de crédito; Ángel “C”, gerente de la oficina en Los Mochis; Eduardo “P”, encargado del área de Cobranza, quienes presuntamente triangularon los depósitos de acreditados a cuentas de otros con el fin de “maquillar el desaseo financiero en la entidad crediticia”.
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En la carpeta de investigación se asentó que supuestamente Iván Orlando brindaba números de cuentas a los agricultores para realizar los depósitos de pago que sí pertenecen a FND, pero no corresponden a sus créditos (referencias).
Se especula que este “modus operandi” dejó más de 80 millones de pesos “perdidos” en el sistema de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
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Acompañamiento legislativo permitió presentar denuncias formales ante Fiscalía
Ana Ayala recordó que se presentaron denuncias penales por casos donde se habrían solicitado créditos utilizando datos personales de productores sin su consentimiento, situación que derivó en investigaciones por posibles delitos de fraude y uso indebido de información.
“Se presentaron denuncias penales por los casos de fraude donde se solicitaron créditos a nombre de productores que no los solicitaron. La utilización de datos fue una situación muy delicada y se comprobó por parte de varios productores que presentaron documentación del mal uso de sus datos personales”, puntualizó.
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El caso salió a la luz tras las protestas de agricultores de la zona norte de Sinaloa en Línea Directa, quienes denunciaron que aparecían con adeudos, créditos congelados y reportes negativos en el historial crediticio, pese a haber cumplido con sus obligaciones financieras. Desde entonces, los afectados han exigido justicia, la liberación de sus garantías y sanciones contra los responsables.
Productores sinaloenses siguen esperando liberación de garantías
Ayala Leyva también advirtió que aún existen agricultores afectados que, pese a haber liquidado completamente sus créditos, no han recuperado las garantías que entregaron a la financiera como respaldo de los préstamos.
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Explicó que, aunque se logró detener acciones de cobranza indebidas y reportes negativos ante el Buró de Crédito en algunos casos, todavía falta resolver la devolución de documentos y bienes que permanecen retenidos.
La legisladora destacó que el número de productores afectados se ha reducido en comparación con los primeros años de las denuncias, en el 2022, cuando se hablaba de entre 70 y 100 casos. Sin embargo, aseguró que continuará acompañando a quienes aún enfrentan problemas derivados de los presuntos fraudes.
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La diputada señaló que actualmente mantiene comunicación con el área jurídica encargada de atender los asuntos remanentes de la desaparecida institución financiera, con el objetivo de
