?Sin afectos ni cariños personales en ratificación de magistrados?

Culiacán, Sin.- La elaboración del dictamen sobre la posible ratificación o no de Lucila Ayala de Moreschi como magistrada presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo es un asunto de estado, en donde nada tienen que ver los afectos o los cariños personales, indicó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, Luis Antonio Cárdenas Fonseca.Lo anterior, después de las declaraciones en donde el diputado de Convergencia, Felipe Manzanárez Rodríguez, asegurara que el diputado Luis Cárdenas no podía elaborar un dictamen por encontrarse en conflicto de intereses.?Se me hace que ese tema no tiene cabida en el análisis que estamos haciendo, no forma parte del mismo. El diputado Manzanárez, como el resto de los integrantes del Congreso, tienen toda la disposición de la comisión y mía en lo personal para atenderlos en cualquier duda que ellos tengan desde luego relativo al tema que nos ocupa, que es un tema oficial, de la competencia del Poder Legislativo, es un asunto de Estado, no es un asunto de afectos no de cariños, ni de cuotas ni de cuates?, mencionó.El diputado del PRI dijo que de acuerdo a lo planeado, el dictamen podría ser presentado al pleno durante la sesión del próximo jueves; sin embargo, recordó que en el TCA hay dos vacantes y de nada sirve hacer la ratificación de un magistrado, cuando la Sala Superior del mismo no podrá quedar integrada por completo.Asimismo, señaló que hay muchas versiones en torno al nombramiento de los magistrados y supuestas negociaciones del PRI en el tema.?Hay muchas versiones. Hay también la versión de que el PAN quiere meter un magistrado, ya que Convergencia metió a la señora. Nosotros no podemos estar en el espacio de ese tipo de conversaciones o de ese tipo de rumores, la responsabilidad nuestra es actuar con mucha objetividad en los términos de ley?, expresó.Finalmente, destacó que continúan a la espera de que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso la designación del magistrado faltante para proceder en los términos que marca la ley.