Ginebra.- El Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó y reforzó hoy el mandato de la comisión independiente de investigación establecida por Naciones Unidas para estudiar las violaciones a los derechos humanos cometidas en Siria.
El texto -el octavo que el Consejo adopta sobre el país árabe- fue
aprobado por 41 votos a favor, tres en contra (China, Rusia y Cuba) y
tres abstenciones (India, Filipinas y Uganda).
La resolución “condena en los términos más severos el número creciente
de masacres en Siria” y por ello pide que se “extienda” el mandato de la
comisión, que continúe documentando las “graves violaciones a los
derechos humanos” y que presente un informe actualizado de la situación
en la próxima sesión del Consejo.
La comisión, presidida por el jurista brasileño Paulo Sergio Pinheiro,
fue establecida por el Consejo hace exactamente un año, por lo que su
mandato expiraba, y cabía decidir sobre su continuidad.
El Consejo no sólo ha renovado el mandato con clara mayoría de sus
miembros (41 de 47), sino que ha decidido reforzar la comisión dotándola
de más recursos humanos y financieros.
Precisamente, esta previsto que esta tarde la presidenta del Consejo, la
embajadora uruguaya Laura Dupuy Lasserre, anuncie que dos nuevos
expertos formarán parte de la comisión.
Consultada sobre la posibilidad de que uno de ellos sea la jurista
helvética Carla del Ponte, conocida por su rol como fiscal general en
los tribunales internacionales sobre la antigua Yugoslavia y sobre
Ruanda, Dupuy no quiso confirmar ni desmentir.
No obstante, la embajadora estadounidense Eileen Chamberlain Donahoe
afirmó respecto de Del Ponte: “Espero que sea el caso y creo que lo
será”.
Dupuy también confirmó que la comisión se reforzará con más efectivos sobre el terreno.
Estas personas son las que realizan las investigaciones entrevistando
personalmente a refugiados y disidentes que se encuentran en los países
vecinos, o telefónicamente con personas que aún permanecen en el
interior del país.
Precisamente, el embajador de Siria ante la ONU en Ginebra, Faysal
Khabbaz Hamoui, rechazó el texto argumentando que “no traduce la
realidad sobre el terreno” y que “en algunos párrafos roza la ficción,
como el caso de la matanza de Houla, condenada claramente por el
Gobierno sirio”.
En su discurso de explicación a su rechazo a la resolución, Rusia
también se refirió a la matanza de Houla y negó que se pueda concluir
que las fuerzas del régimen fueran las responsables.
La resolución condena dicha matanza -en la que murieron centenares de
civiles- y recuerda que la comisión de investigación comprobó que las
milicias de las Shabbiha, controladas por el Ejército, fueron las
responsables.
“Es increíble que la comisión haya llegado a esa conclusión cuando ni
tan siquiera han estado en Siria para comprobarlo”, recriminó Hamoui,
obviando en su discurso que los miembros de la comisión no tienen
autorización del régimen para entrar en territorio sirio y deben
contentarse con entrevistar personal o telefónicamente a testigos.
En este sentido, la resolución reitera una vez más la petición al
régimen de Bachar al Asad de que colabore con la comisión y le permita
ingresar al territorio sirio para investigar de primera mano lo que está
ocurriendo.
En el texto “se decide” enviar todos los informes redactados por la
comisión al secretario general de la ONU para que “tome las medidas
necesarias”, lo que implica trasladarlos al Consejo de Seguridad para
que éste, eventualmente, decida solicitar al Tribunal Penal
Internacional que investigue las violaciones a los derechos
fundamentales.
Precisamente, uno de los párrafos más extensos de la resolución solicita
que los crímenes recabados por la comisión sean investigados y sus
autores perseguidos y juzgados para que haya un proceso justo de
asunción de responsabilidades y de reparación de las víctimas.
La Justicia internacional tiene “el potencial” para investigar y juzgar
todas las alegaciones de violaciones a los derechos humanos, incluidos
los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, agrega.
Las fuerzas del régimen sirio están acusadas de haber cometido ambos
tipos de delitos, y los grupos armados de la oposición, crímenes de
guerra.
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