?Matrimonio igualitario, tema social y no jurídico?

Mazatlán, Sin.- El artículo 40 del Código Familiar es inconstitucional al definir familia como la unión entre un hombre y una mujer, sumado a que la definición se ha tomado en un sentido sociológico y no jurídico; lo que ha impedido la apertura, por lo menos en Sinaloa, de los llamados ?matrimonios igualitarios?.
Claudio Raymundo Gámez Perea, magistrado presidente de la Cuarta Sala Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, señaló que la Constitución no especifica lo que significa familia y por muchos años se ha estereotipado como la unión entre un hombre y una mujer.
?Si la Constitución no dice que tipo de familia, sino dice que el Estado debe proteger a la Familia, pues hay que proteger a todas las familias, hay que proteger a las familias de edades diferentes. Hay que proteger a las con hijos, sin hijos, a las familias homoparentales, es decir, entre matrimonios del mismo sexo?.
Explicó que debido a que Sinaloa cuenta con dos amparos interpuestos, el Congreso del Estado debe atender la modificación a la reforma del Código Civil, ya que de no hacerlo se podría dar una declaratoria general de inconstitucionalidad e incurrir en una responsabilidad, aunque actualmente se basan en que no hay una obligatoriedad.
Señaló que seguramente la ?apertura? no se ha dado debido a que es espinoso para algunos sectores que se cierran a discusiones por el tema de lo ?natural?, aunque la familia el Estado tiene que proteger los derechos humanos internacionales independientemente de cómo estén constituidas.
?Es que es tema espinoso, hay estados como Nayarit, Chiapas, que no esperaron el tercero, cuarto y quinto, al segundo amparo que dijeron que era inconstitucional cambiaron su codificación, civil en algunos casos y la familiar en otros que está en el artículo 40?
?Lo que pasa es que son cuestiones que sí encierran discusión?.
Gámez Perea añadió que con la reforma de 2016, el presidente Enrique Peña Nieto buscó evitar que los ciudadanos acudieran al juicio de amparo para que el matrimonio fuera para todas las personas independientemente de su orientación o preferencia sexual, donde al menos 12 entidades acataron la recomendación.NV