?Ciudad de México.- Los tres jueces de Chihuahua, acusados de liberar al asesino de la hija de la
activista Marisela Escobedo, defendieron su resolución, que aseguraron
se tomó por la falta de pruebas suficientes y contundentes de la Fiscalía.
En conferencia de prensa, los jueces Rafael Boudid, Catalina Ochoa y
Nezahualcóyotl Zúñiga, aseguraron en conferencia de prensa que la función del
juez en un juicio oral no es investigar ni ayudar a alguna de las partes a
demostrar su postura, ni dar eficacia a las pruebas que no reúnen los requisitos
legales y de validez, pues hacerlo sería juzgar a partir de pruebas ilícitas,
violentando la Constitución.
En un documento en el que justificaron su resolución destacaron que nunca
existió la confesión del presunto autor material del homicida de Rubí Marisol,
Sergio Barraza, ya que el inculpado hizo uso de su derecho a no declara y por
tanto jamás admitió culpabilidad ante el Ministerio Público o ante los jueces.
“La confesión, para su validez requiere que sea realizada a a través de un
reconocimiento expreso de culpabilidad ( no tácito o implícito) ya sea ante
Ministerio Público y/o ante el juez conforme al Artículo 133 del Código Procesal
Penal del estado de Chihuahua y en presencia de su defensor”, afirmó el juez
Zúñiga.
El juez Rafael Boudid, a su vez, explicó que “se absolvió a Sergio Barraza
debido a que la Fiscalía omitió aportar pruebas concluyentes que demostraran,
más allá de toda duda razonable que el mismo hubiera sido el autor del
homicidioo de Rubí Marisol”.
Recordó que en el Sistema de Justicia del Serial la obligación de investigar
y de recabar pruebas le corresponde a la Fiscalía (Ministerio Público).
“En caso de insuficiencia de pruebas para condenar, debe absolverse, lo cual
quiere decir que no se demostró la culpabilidad, con independencia de si el
imputado es o no inocente. No somos abogado de las partes”, puntualizó.
La juez Catalina Ochoa, en su intervención, aseguró que la decisión de
absolver a Sergio Barraza no mató ala víctima ni tampoco a su madre, Marisela
Escobedo, cuyo asesinato ocurrió aproximadamente siete meses después de la
resolución del tribunal oral.
“Nuestra función en únicamente juzgar en cuanto a las pruebas que se llevan
a cabo. Nuestra sentencia no causó ninguna de las dos muertes”, manifestó.
Detallaron las pruebas aportadas por la Fiscalía, entre ellos varios
testimonios contradictorios, vertidos por testigos de oída, cuya admisión no
está permitida por ley como prueba.
El abogado de los jueces, Maclovio Murillo, dijo que sus representados no
comparten el criterio del tribunal de casación que revocó la sentencia
absolutoria y condenó a Barraza a 50 años de prisión.
Dijo que sus representados reconocen la facultad del Supremo Tribunal de
Justicia de revisar sus resoluciones y decidir, en su momento, si se cometió una
falta y si es procedente a aplicar alguna sanción.
Sin embargo, negó que el Congreso local tenga una causa legal para instaurar
juicio político en contra de los jueces, pues de acuerdo con Jurisprudencia de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ese procedimiento no pueden
analizarse las consideraciones jurídicas de una resolución judicial porque ello
implicaría una invasión de competencia.
