Presidenta argentina libra denuncia de pacto con Irán

Ciudad de México.- La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, libró por el
momento la denuncia que había interpuesto en su contra Alberto Nisman,
el fiscal que murió cuatro días después de acusarla de haber pactado con
Irán la impunidad de terroristas. 
Nisman desató un vendaval político el 14 de enero pasado, cuando dio a
conocer una denuncia que se convirtió en el primer gran escándalo de un
año que será crucial, ya que en octubre próximo se realizarán las
elecciones presidenciales que pondrán fin a 12 años de gobiernos
kirchneristas.
Las casi 300 páginas del documento del fiscal advirtieron un supuesto
acuerdo de Fernández con Irán para concretar el intercambio de petróleo
por granos a cambio de que se diera de baja la orden de captura de
ciudadanos iraníes implicados en el peor atentado de la historia
argentina.
El 18 de julio de 1994, un ataque terrorista ocurrido en la sede de
la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), mató a 85 personas,
pero casi 21 años después el caso permanece totalmente impune porque no
hay un solo acusado en prisión.
Nisman fue durante 10 años el fiscal designado exclusivamente a la
causa AMIA, y en enero sorprendió al concluir que el gobierno había
armado un supuesto pacto ordenado por la presidenta y ejecutado por el
canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque y otros
dirigentes sociales.
El eje del acuerdo, según Nisman, fue el Memorándum que Argentina e
Irán firmaron a principios de 2013 y en el cual la república islámica se
comprometió por primera vez a colaborar en la causa AMIA permitiendo
que se interrogara en Teherán a los acusados.
Con el paso del tiempo, Irán incumplió sus promesas, Interpol mantuvo
vigentes las órdenes de captura en contra de los acusados y reveló que
Argentina jamás sugirió su eliminación, además de que los negocios
denunciados por el fiscal jamás fueron llevados a cabo.
Aunque desde el principio diversos expertos anticiparon que las
acusaciones del fiscal carecían de sustento, el expediente se convirtió
en un dolor de cabeza para el gobierno, que denunció un nuevo intento
destituyente para evitar que Fernández concluyera su gestión.
El escándalo mutó en conmoción el 18 de enero, apenas cuatro días
después de haber sacudido a la opinión pública, ya que Nisman apareció
muerto en su casa, con un disparo en la cabeza, en un caso que hasta
ahora no se ha podido confirmar si fue suicidio o asesinato.
La denuncia del fiscal muerto siguió su curso cuando fue transferida
al juez Daniel Rafecas, quien a fines de febrero la desestimó al
considerar que no había prueba alguna para sostener la comisión de un
delito, por lo que no procedía el inicio de una investigación penal
contra la presidenta.
El fiscal Germán Moldes impugnó el fallo de Rafecas, pero a fines de
marzo un tribunal confirmó la decisión del juez y además criticó las
contradicciones y especulaciones que plagaban la denuncia de Nisman y
que calificaron de inverosímil y producto de ?ficciones?.
Pese a que la investigación ya fue desestimada por un juez y por un
tribunal, el fiscal Moldes ya advirtió que apelará hasta llevar el caso
hasta la Corte Suprema de Justicia, lo que podría llevar años.
Por el contrario, el gobierno celebró porque la acusación perdió peso
incluso ante la opinión pública, por lo que, salvo que ocurra un nuevo
escándalo, Fernández se encamina a concluir en tiempo y forma su gestión
en diciembre próximo, y sobre todo, sin ser procesada.
TJ