30 mujeres, en riesgo de cárcel por abortar

?Puebla.- Treinta mujeres poblanas podrían ir a la cárcel por abortar debido a que la entidad no ha despenalizado dicha práctica, reveló la diputada priísta Rocío García Olmedo. Destacó que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Puebla inició al menos una treintena de averiguaciones previas contra féminas que han abortado involuntariamente, es decir, por complicaciones propias del embarazo e incluso medicaciones incorrectas. Anunció que como legisladora y principal promotora del ?Derecho a Decidir’ brindará un acompañamiento jurídico que permita defender a las 30 mujeres que están en espera de una posible sentencia. “Hay diversos recursos, nosotros haremos un acompañamiento jurídico con el deseo de defender todos estos casos demostrando claramente qué es lo que pasó en estas intervenciones, que ellas no abortaron voluntariamente”, expresó. Señaló que desde marzo de 2009, el denominado Pacto Nacional por el Derecho a Decidir emprendió una serie de protestas y recursos jurídicos en 17 estados que han reformado sus constituciones para crear leyes antiaborto. Lamentó el conservadurismo que caracteriza a la actual legislatura, pues tampoco logró interponer un recurso de inconstitucionalidad por la denominada ?Ley de la Familia o Ley Bailleres’ con la cual se defiende la vida desde su concepción hasta la muerte. Explicó que para revertir esta norma es necesario que el 33% de los diputados del Congreso le otorguen una firma para interponer la inconstitucionalidad. Peor aún, continuó, los siguientes diputados en su mayoría son emanados de la megacoalición Compromiso por Puebla -integrada por PAN, PRD, Panal y Convergencia- por lo que seguramente sepultarán la discusión de temas como la despenalización del aborto o la permisión de matrimonios gay. Exhortó a los parlamentarios, incluidos sus correligionarios, a concientizar sobre la necesidad de  privilegiar una agenda legislativa equitativa pues de lo contario existe el riesgo de que Puebla se convierta en el segundo Guanajuato. “No lo vamos a permitir (que Puebla se convierta en Guanajuato) con la propia constitución, las propias leyes que hay en la materia sexual y reproductiva … esperemos que no se presente ninguna persecución”, concluyó. Según datos recabados por la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser), a través de distintas solicitudes de información pública, de marzo de 2009 a abril de 2010 la PGJ del estado inició 17 averiguaciones previas en contra de mujeres que interrumpieron su embarazo, incluida una menor de 12 años de edad. Del universo total cuatro habrían sido consignadas ante juzgados de Defensa Social del estado de Puebla y presumiblemente otras más han sido encarceladas, aunque Rocío García Olmedo sostuvo que son 30 casos de mujeres que esperan una sentencia.