Culiacán, Sin.- A seis días hábiles de que se cumpla el plazo para que las 251 dependencias públicas en Sinaloa realicen el llenado de formatos de las Obligaciones de Transparencia y los publiquen en la Plataforma Nacional, sólo se lleva un 30 por ciento de avance, según el último corte realizado hasta este día, indicó Rosy Lizárraga Félix.
La comisionada presidenta de Ceaip dijo que es difícil que se pueda dar un cumplimiento al cien por ciento con estas disposiciones; sin embargo, el órgano garante está redoblando el esfuerzo en cada una de las entidades públicas para lograr el objetivo.
?Quiero pensar positivo en el sentido de que estas dependencias han estado trabajando con la información sin cargarla en la Plataforma Nacional de Transparencia y que los avances no los tenemos todavía reales?, consideró.
Expuso que la Comisión está abierta ante cualquier duda que tengan por parte de las entidades de interés público para que a partir del 4 de mayo pueda decirse que se cumple con las obligaciones y tener un buen lugar respecto al nivel nacional.
A pregunta de representantes de medios de comunicación, la presidenta de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública detalló que los sujetos obligados que menos han cumplido son algunos Ayuntamientos, partidos políticos, sindicatos.
Atribuyó que una de las causas de que no haya avances significativos ha sido el proceso de transición que vivió Sinaloa este año en el cambio tanto de los Ayuntamientos como del Poder Ejecutivo, pues un 80 por ciento del personal que atiende estos temas es nuevo y con el que se tuvo que iniciar desde cero su capacitación a partir de enero.
Entre información de Obligaciones de Transparencia se encuentran los resultados de auditorías, licitaciones, sueldos completos con compensaciones, viáticos, bonos, listado completo de arrendamientos.
Después del 4 de mayo, Rosy Lizárraga explicó que Ceaip atenderá denuncias ciudadanas y también puede iniciar de manera oficiosa procedimientos administrativos para quienes no cumplan con la publicación de información.
Las medidas de apremio, mencionó, van desde un apercibimiento público hasta sanciones económicas que fluctúan entre los 15 mil a los 115 mil pesos, mismos que serán cubiertos por el servidor público señalado de omisión y no por la dependencia.WM
