Culiacán, Sinaloa. – Van cerca de 400 víctimas de desplazamiento forzado interno en el estado que ya tienen asignado un terreno, con servicios públicos para edificar el nuevo capítulo de su vida, indicó, la Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides), María Inés Pérez Corral.
Precisó que, en 2022, la mesa intersecretarial y el comité de validación, tomó la decisión de entregar un terreno con servicios a las familias que lo necesitaban, luego de que en reuniones fueron las peticiones que solicitaron los afectados.
De esta manera, las personas podrían irse a vivir ahí de manera casi inmediata y no esperar a tener el recurso para construir viviendas para todos.
“Para la aplicación del recurso del 2022 debo señalar que se llevaron a cabo casi 400 acciones de vivienda, resultado de consultar a las víctimas donde señalaron que les gustaría tener lotes con servicios y así podrían empezar con la edificación de sus viviendas, de forma tal que dejarían de rentar y les daría un descanso en su economía”, comento.
Durante el ejercicio fiscal pasado se entregaron cartas de asignación para 108 familias en el municipio de Concordia, 135 más en Guasave y 133 en Sinaloa Municipio, además se inició con la recolección de documentos para asignar terrenos en Mazatlán.
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Además, se adquirió un predio más en el estado de Sinaloa, así como la escrituración, honorarios, se avaluó inmobiliario e impuestos sobre la adquisición de inmuebles, además de comprar el software para la actualización del registro de personas víctimas de desplazamiento forzado interno.
También está pendiente ejercer recursos en la introducción de servicios del predio de la Pitahayita, en Culiacán, donde se están corriendo los tramites y autorizaciones por parte del cabildo del ayuntamiento.
Mientras que, para el ejercicio fiscal 2023, Sebides cuenta con un presupuesto de 70 millones de pesos. Será la comisión intersecretarial quien decida cómo ejercerán el recurso, tomando en cuenta las solicitudes de las víctimas y buscando la manera de eficientar el fondo.
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Cabe destacar que estas obras son exclusivamente para personas que comprueban que son víctimas de desplazamiento forzado, es decir, que vivían en alguna población y que por violencia tuvieron que salir de ahí y perder su patrimonio, ya que el recurso está etiquetado por el Congreso del Estado para esa función solamente.
