Culiacán, Sin.- Aquellas personas postradas por alguna enfermedad y también las privadas de su libertad (en algún penal) podrán votar en las elecciones del 2 de junio, de acuerdo a lo previsto por el Instituto Nacional Electoral (INE).
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Las elecciones de presidencia de la República Mexicana, senadurías y diputaciones federales serán organizadas por este organismo, desde donde advierten medidas para garantizar el derecho al voto a estas personas.
Derivado de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las personas privadas de su libertad que no hayan recibido una sentencia condenatoria podrán participar en las elecciones del año 2024, por lo que en Sinaloa el INE ya tiene acercamiento con los penales locales.
El vocal ejecutivo del INE, Jorge Luis Ruelas Miranda, explicó que existe disposición por parte de la dirección de estos centros de detención, y que son alrededor de 3 mil personas en Sinaloa las que se encuentran en esta situación, aunque esta cifra varía de acuerdo a las sentencias ya sean resueltas o que se acumulen.
En aras de garantizar el proceso, se realizará en los 10 días previos a la elección del 2 de junio, es decir, los últimos de mayo, a través de un proceso en el cual verificarán, en el caso de las personas privadas de la libertad, su identidad a través de sus huellas dactilares.
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- Vocal ejecutivo del INE, Jorge Luis Ruelas Miranda. / Foto: Aarón Ibarra
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- Vocal ejecutivo del INE, Jorge Luis Ruelas Miranda. / Foto: Aarón Ibarra
“De hecho, pensamos que ninguna persona interna tiene su credencial, pero debe estar inscrita en la lista nominal y nosotros tenemos manera de verificar, con sus huellas podemos saber si la persona está”.
Sobre el voto en prisión preventiva, el primer paso se dio luego de que el 1 de junio de 2018, dos personas recluidas en el Centro Estatal de Reinserción Social “El Amate”, del municipio de Cintalapa, Chiapas, impugnaron ante la Sala Superior del Tribunal la omisión del Instituto Nacional Electoral de emitir los lineamientos que les permitiera ejercer su derecho a votar como personas que se encuentran recluidas sin haber sido condenadas a través de una sentencia.
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El 20 de febrero de 2019, la Sala Superior del Tribunal concluyó que las personas en prisión que no han sido sentenciadas tienen derecho a votar, porque se encuentran amparadas bajo el principio de presunción de inocencia, y en tal sentido le ordenó al INE llevar a cabo una prueba piloto en 2021, con miras a su implementación en el 2024.
Respecto a las personas postradas en cama y que tienen la intención de votar, Ruelas Miranda señaló que desde 2018 a la fecha hay más de 11 mil personas que no pueden ir al módulo porque están enfermas o su estado de salud se los imposibilita.
Actualmente hay un trámite para llevar el módulo a sus casas y también buscan llevarles la opción de que estas personas voten en sus casas a través de un paquete “anticipado”.
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