Violencia desplaza pueblos y crea pobreza en ciudades

Mazatlán, Sin.- Aunque ciudades como Culiacán y Mazatlán no son zonas donde el desarrollo económico sea limitado, los niveles de pobreza registran un significativo aumento como consecuencia de la migración de pobladores de la zona rural o serrana del estado que han sido desplazados por la violencia, señaló Eduardo Angulo Castro. El coordinador estatal del Programa Oportunidades dijo que estas familias llegan a las ciudades y se establecen en invasiones, por lo que en la mayoría de los casos no cuentan con servicios públicos.El funcionario dijo desconocer el número exacto de personas desplazadas, en ese sentido, abundó, el Censo de Población y Vivienda arrojará algunos datos al respecto. ?Son de los municipios donde menos pobreza existe; in embargo, se han formado algunos cinturones de pobreza en la zona de Mazatlán, que son los que estamos atendiendo. No tengo el dato, creo que ninguna autoridad lo tiene. Podremos saber cuál fue la migración de pueblos, una vez que el INEGI entregue los resultados del censo de población?, indicó.Ángulo señaló lo anterior en el marco de una conferencia de prensa que ofreció en Mazaltán para dar a conocer que entre el 29 de abril y el 30 de julio se recorrerán las zonas que se consideran más pobres en el estado para incorporar a nuevas familias al programa oportunidades. ?En este año se le está dando preferencia a familas que tengan hijos menores de 22 años, mujeres en edad reproductivas o hijos estudiando. De todas las familias a las que se les haga este estudio, a quienes reúnan las características ya mencionadas se les dará preferencia?, señaló.En Sinaloa, Oportunidades contempla ejercer un presupuesto superior a los ml 400 millones de pesos para beneficiar a más de 25 mil 300 de familias en los 18 municipios.Tan solo en Mazatlán se contempla incorporar a más de 900 familias a Oportunidades.Angulo Castro precisó que el padrón de beneficiaros se depura constantemente, toda vez que la regla de operación del programa establece que cada dos años y medio o cada cuatro se hace una encuesta de recertificación con el fin de comparar las condiciones en que vive en ese momento la familia, con las que tenía en el momento que ingresaron al programa. Eso ayuda a determinar si esa familia permanece en el programa o se les restringen algunos apoyos.