Culiacán, Sin.- La Fiscalía General del Estado (FGE) logró obtener auto de vinculación a proceso en contra de Jesús Madueña Molina por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público, y en contra de los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), del periodo del 2021 y 2022, por el delito de desempeño irregular de la función pública.
Esto se relaciona con la compra de computadoras de escritorio, laptop, impresoras y multifuncionales, con sus consumibles como lo son cartuchos de tinta y tóner; accesorios de computación como teclados, material para conexiones de internet, para utilizarse en diversas unidades académicas y organizacionales de la UAS.
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Se obtuvo vinculación a proceso de todos los imputados después de haberse diferido en dos ocasiones audiencia inicial, llevándose a cabo finalmente este 19 de septiembre, la cual tuvo una duración de 10 horas.
Como medidas cautelares, a Jesús Madueña Molina, Héctor Melesio Cuen Díaz, Salvador Pérez Martínez, Soila Maribel Gaxiola, Jorge Pérez Rubio, y Óscar Orlando Guadron se les impuso la presentación periódica cada mes ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA), así como la prohibición de salir del país; y la suspensión temporal del cargo se le impuso a Jesús Madueña Molina, Soila Maribel Gaxiola Camacho, y Jorge Pérez Rubio, el primero por el delito de ejercicio indebido del servicio público y los dos últimos por desempeño irregular de la función pública.
El juez de control fijó 3 meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.
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El proveedor Cesar Abraham, ante la Fiscalía General del Estado (FGE), aportó diversos datos de prueba, entre ellos estados de cuenta bancarios, una relación detallada de las facturas emitidas, en los que aparecen los pagos que recibió de parte de la UAS, siendo 127 transferencias bancarias por 45 millones 505 mil 151 mil pesos en el 2021; y 87 transferencias bancarias por 19 millones 265 mil 253 pesos en el 2022; siendo un total de 214 transferencias por un monto total de 64 millones de pesos 770 mil 404 pesos; monto pagado que aun supera el límite para que se hubiera hecho la adquisición de bienes por licitación pública.
