Mazatlán, Sin.– Que la muerte de Luis Enrique Ramírez no quede impune y haya justicia plena a este atentado a la libertad de expresión, demandaron trabajadores de los medios de comunicación en Mazatlán, y su vez se sumaron al repudio de los hechos de las últimas horas registradas en contra de Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Yoana García Olivera, asesinadas en el estado de Veracruz.
Raquel Zapién, miembro fundador del colectivo de Periodista por la Paz y la Libertad de Expresión en Mazatlán, lamentó que once colegas han sido asesinados en este 2022, y en este sexenio de Andrés Manuel López Obrador, sumen ya 36 las víctimas, en aras de hacer su trabajo.
“¿Qué es lo que queremos? ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Queremos un alto a la impunidad! No queremos volver a salir a las calles a protestar por otro colega, otra colega asesinada. Frente a estos lamentables hechos alzamos la voz una vez más para exigir justicia para todos y las periodistas que han sido asesinados en Sinaloa, y en todo México, donde prevalecen altos niveles de impunidad”.
Por espacio de unos minutos, reporteros de los distintos medios locales en Mazatlán, tras alzar su voz y con pancartas en mano, se apostaron sobre la avenida del Mar, en el carril que corre de norte a sur, donde demandaron acciones y no más impunidad, y que la muerte de Luis Enrique Ramírez no se descarte su labor periodística.
En el mirador fotográfico de las letras Mazatlán ubicado en la avenida Mar, los comunicadores colocaron las imágenes de los reporteros que en México este año fueron cegados.
Criticaron que van once asesinatos cometidos en contra de los periodistas en este año, mientras que en lo que va del sexenio de la Cuarta Transformación suman 36 las víctimas.
A una sola voz, los reporteros de Mazatlán pidieron seguridad para ejercer su labor, y que no haya más un ambiente de miedo y zozobra como hasta hoy viven los trabajadores de la comunicación, además demandaron mejorar de protección para quienes ejercen el periodismo en condiciones de riesgo y aprobar la iniciativa de ley protección de periodistas y defensoras de personas de derechos humanos en Sinaloa.
