Los Mochis, Sin. – De regular a poca afluencia de clientes se observa en las tiendas chinas de Los Mochis tras reabrir al público el domingo 21 de junio de 2026 después de haber sido clausuradas por la Fiscalía General de la República (FGR).
Los pasillos lucen su extenso surtido de mercancía como juguetes, cosméticos, mochilas, flores y plantas artificiales, artículos para bebés, para mascotas, de cocina, baño, iluminación, fiestas, regalos y hasta ropa, mientras los empleados atienden con normalidad a los clientes.
-¿Cuándo reabrieron?
“El domingo”.
-¿Así de solo ha estado desde el domingo para acá?
“El domingo sí hubo gente, sí se vendió”.
-¿Por el Día del Padre?
“Sí, ahora está apagadón”.
La FGR abrió una carpeta de investigación por falsificación de productos
El agente del Ministerio Público de la Federación (AMPF), autoridad investigadora perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR), abrió una carpeta de investigación con motivo de una denuncia hacia establecimientos comerciales popularmente conocidos como “tiendas chinas”, en la ciudad de Los Mochis, por falsificación y venta productos.
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Lo anterior fue derivado de un operativo realizado por la instancia ministerial la mañana del 17 de junio de 2026 donde se aseguraron inmuebles ubicados en plazas comerciales y zonas de alta actividad comercial como el bulevar Antonio Rosales, la avenida Independencia y por el bulevar Centenario.
Denuncia contra “tiendas chinas” fue presentada por empresas privadas
De acuerdo con información de la autoridad federal, la denuncia fue presentada por empresas privadas que tenían conocimiento de que en diversos negocios de esta ciudad comercializaban productos sin autorización oficial.
Por este motivo, se realizaron cateos con previa autorización judicial en los inmuebles anteriormente mencionados, a los cuales se les aseguró mercancía con marcas falsificadas.
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Delitos relacionados con “piratería” pueden tener penas de hasta 6 años en prisión
De acuerdo al Código Penal Federal, los delitos relacionados con falsificación de marcas y violación de derechos de la propiedad industrial pueden tener penas de hasta 6 años en prisión, además de sanciones económicas.
La autoridad realizó las investigaciones correspondientes para conocer el origen de los productos apócrifos que presuntamente fueron comercializados sin autorización de las empresas privadas.
