Culiacán, Sin.- En la reunión de este lunes con diputados de la 64 Legislatura a la cual se llevarán propuestas concretas sobre los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual, Identidad de Género o Expresión de Género (Ecosig) también conocidas como terapias de conversión, Tiago Ventura propondrá que no se castigue con cárcel a padres y profesionales, así lo expresó en entrevista vía telefónica.
El activista mencionó que espera que el dictamen que ya existe sea modificado y se incluyan las propuestas de los ciudadanos, pues apuntó que de no ser así sería un mal precedente y deja en evidencia que los diputados no están legislando tomando en cuenta a las personas.
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“El dictamen puede ser modificado esperamos que así sea, nosotros vamos a incluir algunas especificaciones respecto a no llevar a la cárcel por ejemplo a los padres y los profesionales, más bien algún tipo de sanción o capacitación respecto a temas de discriminación, diversidad sexual, de respeto a derechos humanos”, dijo.
Tiago Ventura lamentó que se haga un dictamen sin socializarlo adecuadamente con las organizaciones de la sociedad civil involucradas, cuando apuntó que se tiene que buscar entre todos un consenso y no repetir los errores que se hicieron durante la aprobación del matrimonio igualitario donde existe exceso de violencia hasta llegar al grado de insultos y golpes.
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Cabe mencionar que el dictamen actualmente establece que al dictamen donde se estableció que a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule, suprima la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de una persona se le impondrá de dos a seis años de prisión y de 200 a 400 días de multa.
No obstante, las penas se aumentarán en una mitad más en su mínimo y máximo cuando concurra algunas de las circunstancias siguientes: sea sometido en contra de niñas, niños y adolescentes adultos mayores o personas con alguna capacidad; se emplee violencia física, psicológica o moral en contra de la víctima; que el responsable tenga una relación laboral, docente, domestica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima de cuando se valga de la función pública para cometer el delito.
