Guasave, Sinaloa. La renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para 2026, se perfila como una de las tareas más complejas y determinantes para el futuro económico del país. Tanto el escenario nacional, caracterizado por un crecimiento limitado y una inversión estancada, como el contexto internacional, marcado por la volatilidad comercial y tensiones políticas, configuran un entorno difícil para México en esta revisión profunda del acuerdo regional.
De acuerdo a la referencia de la Federación de Economistas de México al respecto, desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y, posteriormente, del T-MEC, la economía mexicana experimentó transformaciones fundamentales, con un impulso significativo a las exportaciones, mayor integración en cadenas globales y una creciente participación de inversión extranjera. La pertenencia a este acuerdo comercial redefinió el rumbo económico y social del país, convirtiéndose en un pilar estratégico del desarrollo nacional.
Cristina Ibarra Armenta, presidenta de dicha federación, dio a conocer que elaboraron una propuesta para hacerla llegar al gobierno federal en la que establecen el antecedente y la percepción de que, en el 2026, los gobiernos deberán decidir si ratifican, ajustan o replantean su continuidad.
“Uno de los bloques más sensibles para México será el laboral. Estados Unidos y Canadá han insistido en el fortalecimiento de derechos sindicales, democracia laboral y salarios competitivos. Durante la renegociación, buscarán asegurar que las reformas mexicanas sean efectivas y, en algunos casos, podrían solicitar inspecciones externas o mecanismos más estrictos de cumplimiento. Para México, demostrar avances será esencial para evitar controversias o sanciones”, precisa el documento que le fue entregado a Línea Directa.
Otro punto crítico es el energético. Las políticas recientes que fortalecen el papel de las empresas del Estado han generado fricciones con socios comerciales, que demandan certidumbre jurídica, competencia y apertura para la inversión privada. En la mesa de negociación, es probable que Estados Unidos y Canadá presionen por condiciones más equilibradas para sus empresas del sector.
En la industria automotriz, uno de los motores exportadores de México, la discusión se centrará en los requisitos de origen. El tratado exige que un porcentaje elevado de los componentes sea producido en la región para evitar aranceles. México buscará flexibilizar estos requisitos ante los elevados costos que implican para fabricantes y ante la necesidad de seguir atrayendo inversión hacia la cadena automotriz.
La defensa comercial será otro eje relevante. México necesita fortalecer mecanismos de solución de controversias ante posibles prácticas proteccionistas e implementar medidas que garanticen claridad y rapidez en la resolución de disputas. A ello se suma la dimensión ambiental: las presiones para cumplir estándares medioambientales más estrictos serán cada vez mayores, lo que implicará inversiones adicionales y reformas regulatorias.
Para México, la clave será llegar con una estrategia sólida, fortalecer su competitividad y evitar concesiones que afecten su desarrollo.
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El comercio de servicios representa más del 70 por ciento del PIB regional; México se encuentra rezagado en reconocimiento profesional, digitalización, licencias y movilidad laboral. La revisión de 2026 ofrece la oportunidad de impulsar las MRAs vinculantes, homologar licencias estatales y crear portales trilaterales con inteligencia artificial.
Los economistas destacan que la falta de acuerdos vinculantes limita la movilidad profesional y reduce la competitividad mexicana frente a Estados Unidos y Canadá, donde los procesos de certificación son más ágiles y están respaldados por plataformas digitales avanzadas. Con una reforma profunda, México podría multiplicar sus exportaciones en servicios profesionales y reducir tiempos de reconocimiento de títulos de hasta 18 meses a menos de 90 días.
El otro gran bloque, el Capítulo 25 sobre PyMEs, será igualmente crucial. Las pequeñas y medianas empresas representan casi la totalidad de las unidades económicas del país, generan más de la mitad del PIB y emplean al 70 por ciento de la fuerza laboral formal. Sin embargo, solo entre 10 y 15 por ciento participa en exportaciones y menos del 5 por ciento está integrada en cadenas de valor del T-MEC. Retos como acceso limitado a crédito, baja digitalización, rezagos tecnológicos y complejidad regulatoria obstaculizan su crecimiento.
La Federación de Economistas subraya que, con apoyo coordinado, las PyMEs mexicanas podrían integrarse al nearshoring y aprovechar oportunidades por más de 34 mil millones de dólares en inversión extranjera directa, así como ampliar su participación en cadenas productivas norteamericanas.
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La revisión de 2026 será una prueba decisiva para México. Representa riesgos, pero también la oportunidad de modernizar sectores estratégicos y consolidar su posición en la región. Prepararse con anticipación será un paso indispensable para una negociación exitosa que impulse un desarrollo económico sostenible y competitivo para la próxima década.
¿Qué es el T-MEC?
El T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) es un acuerdo comercial trilateral que sustituyó al TLCAN y entró en vigor el 1 de julio de 2020. Su objetivo es modernizar las reglas del comercio de bienes y servicios entre los tres países, buscando fomentar la integración económica regional, facilitar el comercio, aumentar las inversiones y mejorar las cadenas de producción.
El T-MEC incluye capítulos sobre temas como comercio electrónico, propiedad intelectual y condiciones laborales, además de mantener y actualizar las bases del tratado anterior.
