Culiacán, Sin.- Con la finalidad de garantizar la norma técnica de defensa, es por lo que toma la decisión de suspender la audiencia intermedia de la causa penal 880/ 2018 en contra de exsecretario de Finanzas en Sinaloa Armando Villarreal y de dos de sus colaboradores, anunció la jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada.
Explicó que esta decisión obedeció a que la abogada Naslibly Darany Kuri Saénz se incorporó como defensora de José Carlos Ramírez López, jefe del Departamento de Caja General del Gobierno del Estado, apenas al instalarse en la Sala A del Centro de Justicia Penal en Culiacán, y debe de estudiar el caso, por lo que la nueva fecha es el 25 de marzo a las 11:30 horas.
La juzgadora aclaró que el justificante médico que se le presentó para que se ausentara Ernesto Herrera Félix, extesorero del gobierno y los recursos de amparo e impugnación que se tienen, no son argumentos válidos para detener la audiencia intermedia, pero sí el hecho de que se sumó una persona más a la defensa.
Comentó que es inevitable llegar a esta fase procesal, porque como ya lo había dicho, es inadmisible una salida alterna como la que se propuso por parte de los abogados de los coacusados.
A la salida, donde se llevaría la audiencia, fue entrevistado el exsecretario de Administración y Finanzas Armando Villarreal Ibarra, quien expresó que desde un inicio confía en que saldrá absuelto de las acusaciones que se les hace y que consisten en haber hecho 112 transferencias a las cuentas estatales de recursos etiquetados por la Federación.
Expresó que se tomó el camino más largo, al no haber aceptado la jueza el plan de reparación que se le proponía, partiendo de que no hubo quebranto a la Hacienda Pública.
“Ella está haciendo su trabajo, nuestros abogados están haciendo el propio y será el tiempo y la ley el que determinen quién tiene la razón en todo esto”.
¿Usted se siente confiado?
“Desde el primer día, sí, claro que sí”, expresó.
Durante una de las audiencias desarrollada sobre este caso, se precisó que el exfuncionario es acusado de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y de desempeño irregular de la función pública por la transferencia de recursos etiquetados de la Federación del orden de 261 millones de pesos, utilizados al parecer en el pago de aguinaldos y nómina de los burócratas.
