Culiacán, Sinaloa. La vinculación a proceso de 13 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) acusados del asesinato de las niñas Alexa y Leidy en Badiraguato, el 6 de mayo del 2025, es considerada por el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) como un acto sin precedentes por parte del sistema de justicia civil, en un tema que históricamente ha sido atendido exclusivamente por la justicia militar.
El coordinador general del CESP, Miguel Calderón Quevedo, declaró que con el actuar de la Fiscalía General de la República (FGR) sin duda se alimenta la esperanza de que el sistema de justicia civil esté marcando un antes y un después, en un acontecimiento en que intervienen miembros de formación militar.
“Para el caso de la justicia civil, nos parece importante el paso que se ha dado porque es un proceso que no ha concluido; estamos solamente en la etapa de vinculación a proceso y seguramente el reto que tenemos por delante es que se siga fortaleciendo la carpeta de investigación, los testimonios y, en su momento la sentencia para cada uno de los involucrados”.
Calderón Quevedo destacó que otro anhelo por parte de la sociedad en la investigación que lleva casi un año es encontrar la verdad y la justicia en torno a un caso que ha sido tan doloroso y que tuvo lugar en la comunidad de La Cieneguilla, Badiraguato.
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Mencionó que este fue un trágico evento que al principio estuvo en unas condiciones de suma confusión y de una explicación pública muy parcial. A casi un año, se empieza a aclarar por una parte en la Fiscalía General de la República, y seguramente en las investigaciones, que no se conocen tantos detalles de la Fiscalía de Justicia Militar.
El coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública añadió que continuarán vigilantes del caso, en la espera de que la sentencia alcance la justicia para las menores de edad y su familia.
¿En qué se basó el juez para dictar la vinculación a proceso de los 13 militares en el caso Alexa y Leidy?
Según dio a conocer el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), los miembros del Ejército Mexicano fueron detenidos y un juez de Los Mochis les dictó un auto de vinculación a proceso por los delitos de homicidio calificado, así como homicidio calificado en grado de tentativa, bajo la figura del dolo eventual.
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El juez de Control, Josué Noé Egure Yáñez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Los Mochis, consideró que los elementos castrenses cuentan con adiestramiento y formación en el uso de la fuerza y existía una alta previsibilidad del resultado letal que ocasionaría el accionar sus armas en contra de la camioneta en la que transitaba la familia, además de no actualizarse alguna causal de exclusión de responsabilidad.
Ante ello, los vinculó a proceso y desestimó los argumentos de la defensa de los implicados, quienes aseguraron que los militares actuaron en un contexto de violencia en el estado de Sinaloa, bajo un estado de alerta y nerviosismo.
