Culiacán, Sin. – Las medidas cautelares impuestas por el juez de control en contra de los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) se mantienen, así como las del ex rector Juan Eulogio Guerra Liera y de Jesús Madueña Molina, luego de que el Juzgado Tercero de Distrito confirmara la vinculación a proceso de todos los involucrados.
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A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) señaló que con esto, se confirma la vinculación a proceso de Guerra Liera y Madueña, así como de Ismael “N”, Salvador “N” y Manuel de Jesús “N”, relacionado con la adquisición irregular de productos cárnicos de la causa penal 1117/2023.
Entre las medidas cautelares se encuentra la suspensión temporal del cargo al imputado Jesús Madueña Molina como rector de la UAS y de Manuel de Jesús “N”, como integrante del comité de adquisiciones.
De acuerdo al juez, se considera que sí se aportaron los datos de prueba suficientes para acreditar a título probable, que el rector y ex rector tuvieron conocimiento de las adquisiciones irregulares que realizaron los integrantes del Comité de Adquisiciones de la UAS.
También advirtieron que la autonomía universitaria no se vulnera ni en el autogobierno o en la autonormación, considerando infundados los conceptos de violación que reclamaron los imputados Ismael “N”, Salvador “N” y Manuel de Jesús “N”.
De acuerdo al resolutivo, se adiverte que cada uno de los imputados sí son funcionarios públicos, así como el hecho de que la UAS sí forma parte de la administración pública del estado de Sinaloa, en el sentido de que es un ente paraestatal y también un organismo descentralizado.
En ese sentido, la UAS es una institución que está obligada a realizar cualquiera de sus adquisiciones mediante el procedimiento de licitación pública.
Otro punto medular ha sido que la denuncia de origen interpuesta por la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) de la FGE sí es legítima, tomando en cuenta que el delito imputado no es de los que requieren querella, además de que la ley para determinar si existe un delito es el Código Penal de Sinaloa y no la Ley Orgánica de la UAS.
Esto significa que no es violatorio del principio de seguridad jurídica el hecho de que la UIPE haya realizado actos de investigación sin que previamente existiera una denuncia o querella, conforme a sus atribuciones establecidas en una ley.
El juzgado advirtió que se considerada a la UAS como una entidad y no como secretaría, por lo que le es aplicable el último párrafo del artículo 4 de la Ley de Adquisiciones Estatal, que advierte las disposiciones para la compra de todo tipo de bienes a través de recursos públicos.
