Culiacán, Sin. Por unanimidad, con 33 votos a favor, diputados de la 65 Legislatura aprobaron en la sesión ordinaria de este jueves 7 de mayo de 2026 reformas diversas a la Constitución Política del Estado de Sinaloa para modificar parte de su redacción y establecer el lenguaje incluyente para visibilizar a las mujeres y fortalecer la igualdad sustantiva.
En los considerandos se subrayó que se debe nombrar a las mujeres desde un ordenamiento jurídico y llamarles: diputada, senadora, ministra, magistrada, auditora, jueza, fiscal, presidenta de un tribunal, presidenta municipal, secretaria, subsecretaria, tesorera, síndica y comisaria municipal.
Asimismo, señala que se modifica el masculino como uso genérico para ampliar el uso de gobernador, diputado, magistrado, senador, el fiscal, secretario, subsecretario, presidente municipal, síndico, regidores y comisarios, por gobernadora, diputada, magistrada, senadora, la fiscal, secretaria, subsecretaria, presidenta municipal, síndica, regidoras y comisarias.
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Diputado local por Morena, Serapio Vargas Ramírez
Durante la discusión del dictamen, el diputado local por Morena, Serapio Vargas Ramírez, uno de los impulsores de esta propuesta, manifestó que no hay que regatearle nada a la paridad y que hay que abrirle la puerta al lenguaje incluyente femenino.
“Hoy, hay que aprovechar esta oportunidad, hay que abrir de par en par la puerta para el lenguaje incluyente femenino, esperando que más temprano que tarde en esta patria nuestra no sean necesarias las acciones afirmativas”.
Presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Sinaloa, María Teresa Guerra Ochoa
Por su parte, la diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Sinaloa, María Teresa Guerra Ochoa, expuso que con esta reforma se visibiliza a las mujeres que por años han sido invisibilidades.
Recordó que en la 56 Legislatura reclamó su derecho de ser nombrada diputada, sin embargo, se le negó el tener una credencial que dijera diputada bajo el argumento de que la Ley orgánica del Congreso del Estado no lo permitía.
Además, destacó que esta es una reforma integral que reivindica los derechos de las mujeres.
“Es una reforma integral que reivindica los derechos de las mujeres y queremos reconocer que sabemos que todavía hay retos y tareas pendientes, hay mucho por hacer para erradicar las violencias”.
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En la iniciativa del grupo parlamentario de Morena se asentó como objeto establecer el lenguaje incluyente para fortalecer la igualdad sustantiva, así como también instaurar reglas lingüísticas acordes con una sociedad democrática e igualitaria, orientadas a consolidar una cultura de respeto y a erradicar las manifestaciones de violencia simbólica y discriminación hacia las mujeres, y con ello brindar una normatividad renovada a los diversos sectores que atiende el Estado, permitiendo la aplicación e interpretación de la norma apegada a la nueva realidad social que todas y todos necesitan.
La Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, que elaboró el correspondiente dictamen de las dos iniciativas y que fue aprobado por el Pleno del Congreso, destaca que con las reformas propuestas se modifica el masculino como uso genérico y amplia el uso de ciudadano, mexicano, los sinaloenses, en el texto constitucional por ciudadana o ciudadano, mexicana o mexicano, las y los sinaloenses.
De igual manera resalta que se modifica a términos neutrales colectivos, el masculino como uso genérico de los diputados, los presidentes municipales, los sinaloenses, los ciudadanos por las y los diputados, las y los presidentes municipales, las y los sinaloenses, las y los ciudadanos.
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Todo lo anterior para reconocer la participación de mujeres en el ámbito político del estado de Sinaloa, proporcionando visibilidad en espacios públicos.
¿Por ser una reforma constitucional se tiene que enviar a los ayuntamientos?
Sí, el presidente de la Mesa Directiva, Rodolfo Valenzuela Sánchez, instruyó que, por ser reformas constitucionales, se remita el Decreto a los 20 ayuntamientos de Sinaloa para que lo aprueben o desaprueben en un plazo de cinco días.
