Culiacán, Sinaloa. El Senado de la República aprobó el proyecto de decreto para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una reforma de alcance nacional que unifica estándares, procedimientos y sanciones para enfrentar uno de los delitos que más afectan la seguridad y la economía del país.
El dictamen, avalado con 110 votos en lo general y 95 votos en lo particular, también modifica cinco ordenamientos legales: el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El senador sinaloense Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la comisión de Estudios Legislativos, destacó que se trata de una política de estado con enfoque integral, orientada a frenar un delito que “afecta las actividades económicas de comunidades completas y vulnera la tranquilidad de las familias”.
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El legislador señaló que la expansión de la extorsión ha sido impulsada por el uso de tecnologías de comunicación y por la corrupción que permite que centros penitenciarios operen como puntos de mando de estas redes criminales. Por ello, la reforma homologa definiciones y establece criterios únicos para la investigación en todo el territorio nacional.
La nueva ley obliga a las fiscalías a contar con unidades, policías y ministerios públicos capacitados, evaluados y certificados en el combate a la extorsión. Además, establece que el delito tendrá un rango de pena de 15 a 25 años, con agravantes según el tipo de conducta cometida.
También se fijan sanciones de 10 a 20 años de cárcel para servidores públicos encargados de la prevención, investigación o impartición de justicia que se abstengan de denunciar casos de extorsión.
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A quien introduzca, sin autorización, dispositivos electrónicos o componentes que permitan transmitir datos o comunicación desde un penal, se le impondrán penas de 6 a 12 años de prisión.
Asimismo, el destino de los bienes asegurados mediante extinción de dominio se canalizará preferentemente a la reparación de víctimas.
Al fijar postura, Inzunza Cázarez afirmó que en los gobiernos de la Cuarta Transformación se mantienen las estrategias de atención a causas, pero con un enfoque firme contra el crimen.
“Seguiremos atendiendo las causas, pero seremos inexorables en combatir los delitos, todos los delitos y en todos los lugares. Es la política de nuestra jefa de Estado, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo”, expresó.
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¿En qué etapa se encuentra la ley para víctimas y testigos de extorsión?
Tras su aprobación, la Mesa Directiva instruyó regresar el proyecto a la Cámara de Diputados, donde continuará su proceso legislativo.
¿Qué tipo de protección garantiza la nueva ley para víctimas y testigos de extorsión?
La iniciativa establece que autoridades deberán implementar medidas protectoras durante todas las etapas del procedimiento cuando la vida, integridad o libertad de las víctimas, ofendidos o testigos corran riesgo.
¿Qué cambia respecto a las sanciones?
La pena por cometer extorsión aumenta a un rango de 15 a 25 años, y se agregan sanciones específicas para servidores públicos que omitan denunciar o faciliten comunicación ilegal desde penales.
