Los Mochis, Sin. – “Nos quieren desalojar de nuestras áreas verdes, quieren tomar los árboles”, denuncian vecinos del Fovissste IV, ubicado al nororiente de Los Mochis, quienes defienden la posesión de terrenos que funcionan como parques en esa zona.
Los habitantes aseguran que las extensiones de terreno fueron protocolizadas a través de cabildo como áreas verdes durante la administración municipal de Francisco Salvador López Brito.
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Por ello, han realizado trabajos de mantenimiento y mejoramiento de los espacios con sus propios recursos, para que los parques no decaigan a pesar de que algunas administraciones municipales no se preocuparon nunca por estos espacios.
José Rigoberto Franco Juárez, habitante del sector y vocero, señaló que no van a permitir que una empresa particular se adjudique los terrenos y realice un ecocidio en esta zona de la que ellos tienen posesión legítima desde 1990.
“No vamos a permitir que construyan, así sean particulares, el gobierno tiene que asumir su responsabilidad. Gerardo como presidente pueden resolver este problema junto con el gobernador, el gobierno tiene mucho dinero para poder comprarle otra vez al propietario estas tierras o darle una permuta”, señaló Franco Juárez.
Se trata de tres terrenos ubicados, en: Prolongación Ejido Ricardo Flores Magón, entre Benito Juárez e Ignacio Allende; Prolongación Ejido Ricardo Flores Magón entre Prolongación Independencia y Juan de la Barrera; y, Prolongación Ricardo Flores Magón entre Aldama y Juan de la Barrera.
Asimismo, Cruz Alberto Valenzuela Lara, habitante también del Fovissste VI, explicó que la empresa Pacífico que construyó las viviendas para Fovissste se declaró en quiebra y, a raíz de eso, sobrevino el problema que enfrentan desde el 2012, cuando una compañía de Culiacán se adjudicó las áreas verdes.
Ante este problema, piden el apoyo del alcalde Gerardo Vargas Landeros y el Gobernador Rubén Rocha Moya, para evitar que se ponga en riesgo la pérdida de áreas verdes, las cuales están dispuestas a pelear hasta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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Por su parte, agentes inmobiliarios de la empresa privada, evitaron dar entrevistas a los medios y solamente observaron junto a agentes preventivos, la movilización de vecinos que evitó que los terrenos fueran cercados.
