Culiacán, Sinaloa.- Hay una persecución política emprendida contra la Universidad Autónoma de Sinaloa contra su rector Jesús Madueña Molina y el abogado general Robespierre Lizárraga Otero, ya que se busca dañar su imagen pública al hacerlos parecer culpables de un delito que no se ha demostrado ante un juez, lo que constituye actos totalmente ilegales y violatorios de derechos humanos, señaló la coordinadora del grupo parlamentario del Partido Sinaloense (PAS), Alba Virgen Montes Álvarez.
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En reunión de la Comisión de Fiscalización, a la cual también asistieron el resto de las diputadas del PAS para respaldar la postura, manifestó que como grupo parlamentario, no comparte la forma de actuar de quienes filtraron a los medios de comunicación la denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado ante la Fiscalía General, pues argumentó que al hacer públicas las acciones legales emprendidas en materia penal, se violó el debido proceso y el principio de presunción de inocencia del que gozan todas las personas.
“Como grupo parlamentario, el PAS señala que la ASE está actuando al margen de la ley, tanto al excederse en sus facultades, como en una posible publicación a los medios sobre información reservada de una investigación penal, como lo fue una imagen de la denuncia, con lo cual la ASE se está prestando a formar parte de una persecución política, algo que los universitarios no habían visto desde hace décadas en los viejos gobiernos represores”, dijo.
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Asimismo, Montes Álvarez aseguró que en ninguna parte de la Ley de la Auditoría, se establece que la ASE tenga competencia para fiscalizar los recursos propios de la universidad, evidenciando que el documento que hizo llegar la Auditoría Superior, solo se limita a citar una serie de leyes y artículos, pero en forma imprecisa, sin señalar cuál de ellos específicamente es el aplicable y del cual se desprenden sus facultades para fiscalizar ingresos propios.
Por ello, consideró que el oficio ASE/AUD/8/07 43/2023 es sumamente impreciso, vago y de poca claridad para establecer si efectivamente tiene las atribuciones jurídicas que afirma la Auditoría Superior, pues apuntó que contrario a lo que se quiere hacer creer, del propio oficio firmado por la auditora superior, Emma Guadalupe Félix Rivera, se desprende que la Auditoría Superior del Estado tuvo que corregir su actuar y darle la razón a la Universidad Autónoma de Sinaloa, al decidir no auditar el subsidio estatal, puesto que el mismo ya formaba parte de las auditorías que ahorita se encuentran en proceso por parte de la Auditoría Superior de la Federación hacia la universidad.
Por los argumentos antes expuestos, solicitó a los diputados integrantes de la Comisión de Fiscalización, la comparecencia personal de la auditora superior, Emma Guadalupe Félix Rivera, a fin de que dé una explicación más detallada del oficio ASE/AUD/8/07 43/2023, que motivó la reunión. Sin embargo, esa solicitud fue rechazada.
