Culiacán, Sin.- Al considerar que hay conflicto de interés, un juez de control revocó a Yamir de Jesús Valdez Álvarez y a José Ramón Bonilla Rojas como representante legal y asesor jurídico victimal, respectivamente, de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en los casos de presuntas compras irregulares de tortillas y carne.
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En las audiencias especiales que se celebraron este martes en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Centro, a las 09:30 y 13:15 horas, agentes del Ministerio Público plantearon al juez de control que existe conflicto de interés, pues ambos son trabajadores de la UAS, y en lugar de cuidar los intereses de la institución, la cual presuntamente es la víctima en estos casos, están defendiendo a los imputados, que son directivos universitarios.
Ejemplificaron que en la audiencia inicial que se celebró el 13 y 14 de septiembre por el delito de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público en el caso de la presunta compra irregular de 45 millones de pesos en tortillas, los argumentos que presentaron es que no se podía separar a Jesús Madueña Molina del cargo de rector porque se violentaba la autonomía de la UAS, cuando debieron velar porque se esclarecieran los hechos, y se reparara el daño que presuntamente le hicieron a la institución.
También expusieron que en la audiencia inicial que se realizó los días 10 y 12 de noviembre por el delito de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público, en el caso de
la compra de 67 millones de pesos en carne, José Ramón Bonilla Rojas solicitó al juez de control que no se vinculara a proceso a Jesús Madueña Molina y los integrantes del Comité de Adquisiciones, cuando debió estar de acuerdo porque no quedaran impunes los hechos.
También apuntaron que ambos reciben un sueldo de la institución, pues Yamir de Jesús Valdez Álvarez es director de Asuntos Jurídicos y Ramón Bonilla Rojas es director de la Facultad de Derecho en Mazatlán.
Los trabajadores de la UAS le expusieron al juez que no existe ningún conflicto de interés, pues solo son empleados y la única relación que existe es con una personal moral, no con los imputados.
Luego de escuchar los argumentos, el juez de control consideró que sí existe un conflicto de interés, pues no tienen la intención de defender los derechos de la UAS, están en contra de que se esclarezcan los hechos, y se negaron a proporcionar información a la Fiscalía General del Estado.
Ante esto, el juez de control ordenó que se reemplace al representante legal Yamir de Jesús Valdez Alvarez, y al asesor victimal Ramon Bonilla Rojas, por asesores públicos.
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Además, también instruyó revocar a Rogelio Morones López, Jesús Moroni Arellano y Sanjain Molina Gastélum, quienes también eran representantes legales y abogados de autoridades universitarias.
Informó que se programará una audiencia especial en los próximos días, para definir quién representará a la Casa Rosalina en estos dos casos.
