Culiacán, Sin.- La abogada Lucila Ayala de Moreschi fue reinstalada como magistrada propietaria del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) en sustitución de Héctor Samuel Torres Ulloa.
La funcionaria explicó que ejercerá su responsabilidad hasta que el Congreso del Estado publique la convocatoria para su ratificación o rechazo, pero antes los diputados tendrán que esperar a que se resuelva la inconformidad que presentó ante los tribunales el exmagistrado Héctor Samuel Torres Ulloa.
La bienvenida la dieron los magistrados, encabezados por su presidente, Jesús Iván Chávez Rangel, quien dio lectura a un documento donde acatan el fallo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en la ciudad de Mazatlán, quien ordenó al Congreso su reincorporación.
“Ordena entre otras cosas la reinstalación de la magistrada Lucila Ayala, el hecho de que exista una última palabra en tribunales y la certidumbre de que esa decisión se acate es requisito indiscutible para cultivar la paz social y la gobernabilidad”, expuso.
Lucila Ayala señaló que su restitución se dio después de un proceso legal de 2 años y cuatro meses, que inició el día 6 de enero del año 2017 y que concluyó el pasado 16 de abril, cuando los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en la ciudad de Mazatlán, ordenaron al Congreso del Estado que dejara sin efecto el nombramiento del magistrado Héctor Samuel Torres Ulloa, quien ocupó su plaza durante estos dos años fuera del marco de la ley.
Recordó que a pesar de que cumplió con todos los requisitos legales y académicos, dos licenciaturas, tres maestrías y un doctorado, para ser ratificada por otro periodo de 6 años y posteriormente indefinida hasta su muerte o jubilación, como la hicieron en la última modalidad Martha Tamayo y Gabriela Chaín , cuando era el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, no fue considerada por los diputados de la anterior legislatura, y acataron la terna que les envió el mandatario Quirino Ordaz Coppel, violando con ello sus derechos.
En entrevista, acusó al gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel, de hacer hasta lo imposible para impedir que sea ratificada en el Congreso; sin embargo, con las reformas que han hecho a la ley estas le favorecerán y continuará en el cargo aún y con el voto en contra de los diputados.
“Que trae un odio contra mí, porque ha sido atroz y feroz su lucha para quitarme de magistrada en un derecho adquirido que yo tenía desde el año de 2011 que fui electa magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en aquella época”.
Finalmente, puntualizó que en la resolución se establece el pago de los salarios y demás prestaciones que dejó de recibir a partir de la fecha de no ratificación por los diputados locales, del proceso legal de dos años y cuatro meses que inició el día 6 de enero del año 2017.
