Mazatlán, Sin.- Sin pausas ni prisas, la reforma a la Ley de Educación Superior de Sinaloa es un tema vigente que sigue avanzando conforme a los tiempos que marca la normatividad y a los procesos legales que iniciaron las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Feliciano Castro Meléndrez.
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En conferencia de prensa que encabezó en Mazatlán, junto a diputados de diferentes fracciones políticas, recordó que en el Congreso se abrió el proceso que habrá de conducir a las reformas de las leyes de las universidades con autonomía, lo cual no se da en automático, sino que en un estado de derecho las autoridades universitarias resolvieron interponer una serie de recursos ante instancias del poder judicial federal, solicitaron amparos, lo que actualmente se está cursando, pero puede haber un resolutivo en cualquier momento.
“Las reformas a las leyes orgánicas de las universidades con autonomía, en este caso de la UAS, son ineludibles. Tendrán que hacerse. Qué día, qué mes, no lo sé. Estamos supeditados al proceso que se sigue en los juzgados federales, pero puede ser en cualquier momento”.
Feliciano Castro explicó que la UAS es un organismo descentralizado del Gobierno del Estado y así está establecido en el artículo 1 de su Ley Orgánica, que se rige bajo los criterios consagrados en el artículo tercero de la Constitución Política de México, basado en los principios de la fracción VII, por lo que debe abrirse a la transparencia en el uso de sus recursos.
Recordó que uno de los rubros que las autoridades de la UAS se niegan a abrir a las auditorías es el que tiene que ver con los recursos propios, que de acuerdo a una revisión a los datos públicos de la institución de los últimos 5 años, ascienden a mil 921 millones de pesos de 2019 al 2023.
El legislador refirió que al menos 157 solicitudes de amparo han incidido en el proceso de reforma, de las que hasta hoy, ningún juez ha emitido una sentencia que le otorgue la razón legal a las autoridades.
“Se han otorgado suspensiones provisionales, no sentencias, y por otro lado se han resuelto 82 solicitudes de amparo que fueron desechadas totalmente”.
Por su parte, el presidente de la mesa directiva del Congreso, Ricardo Madrid Pérez señaló que las universidades no pueden ser un dique para la transparencia, a lo que se sumaron los diputados Celia Jáuregui, Alma Rosa Garzón, Rita Fierro, Verónica Bátiz y Juan Carlos Patrón.
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