Los Mochis, Sinaloa. La reasignación de 641 millones de pesos para la comercialización de cosechas de Sinaloa se quedó corta de la propuesta que presentaron de 7 mil millones de pesos, pero el tema del campo no se cierra, ya que sobre la marcha en el 2026 se pueden hacer reasignaciones para atender las necesidades de los agricultores, afirmó la diputada federal Ana Ayala Leyva.
Destacó que Sinaloa tuvo un presupuesto global mil 500 millones de pesos más que en el 2025, que se aprobaron arriba de 65 mil millones de pesos, y la presidenta Claudia Sheinbaum tiene la facultad de redireccionar el gasto, previa aprobación de los legisladores para atender la problemática de los productores que buscan comercializar la cosecha a precios rentables.
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“Para nuestros productores no fue propiamente lo que nosotros estuvimos solicitando como diputados federales de Sinaloa, pero sí hay buenas noticias, se mantienen los programas que ya se venían estableciendo como es producción para el bienestar, el programa de precios de garantía tiene una certeza en el presupuesto, contar con la certeza con el insumo de fertilizantes que es de los insumos que más ha crecido”, dijo.
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El presupuesto que aprobaron la madrugada del jueves 6 de noviembre de 2025 está basado en la política económica que se plasma en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que busca elevar el ingreso de los hogares de la población vulnerable e impulsar la infraestructura que desarrolle economía para todos los rubros.
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La diputada federal por Morena, Ana Ayala Leyva, dijo que el gasto de 2026 garantiza la cobertura de los programas sociales, recursos para vivienda, seguridad, bienestar y salud. Se hicieron reasignaciones a la propuesta enviada por la presidenta Sheinbaum por 17 mil 788 millones de pesos para favorecer al campo, educación, ciencias, espacios culturales, medioambiente y trabajo y previsión social.
La reasignación fue resultado del recorte que hicieron al Poder Judicial, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Fiscalía General de la República.
