Culiacán, Sinaloa.- El presidente de Canirac en Culiacán, Miguel Taniyama Ceballos, calificó como positiva la decisión que tomó el gobernador Quirino Ordaz Coppel de prohibir temporalmente la venta de alcohol en la entidad y el cierre de restaurantes en Culiacán y Navolato, disposición que también debe de aplicarse en los establecimientos que ofrecen alimentos en la calle, para que no sea una media a medias el combate a la pandemia del COVID-19.
Propuso que ellos también hagan una tregua mínima de 10 días para sumarse a esta estrategia sanitaria, a sabiendas que se afectará su economía, pero a diferencia de negocios formales, ellos tienen menos carga de impuestos y también pueden llevar el alimento a casa de sus clientes.
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Dijo que está restricción de no permitir clientes en los locales y utilizar el servicio solo para llevar ya se había pactado con el gobierno desde la semana pasada, por considerar que esta estrategia ayuda a detener la propagación de esta enfermedad que daña la salud de las familias de estos dos municipios, que se ubican con más casos positivos y de personas muertas.
“Van a seguir operando, ahí yo creo que el Gobierno del Estado tiene que meter mano y llegar a una tregua con todos ellos, y la verdad que lleguen a un consenso de una semana a 10 días, sabemos que lesiona su economía, pero ellos no han dejado de abrir un solo día”, reveló.
El dirigente de la Cámara Nacional de la Industria Restauranteras y Alimentos Condimentados, delegación Culiacán (Canirac) Miguel Taniyama, admitió que esta disposición les impacta económicamente ya que en los últimos 15 días las ventas han caído en un 70 por ciento, sin embargo, con el apoyo de los arrendadores se ha logrado sobrevivir para mantener los empleos y la compra a proveedores.
Confió que el Gobierno Federal pronto los apoye con el aplazamiento en los pagos a los impuestos y a la energía eléctrica, que sería un aliciente para el gremio en esta emergencia de salud y económica.
Finalmente, reconoció que cada día se suman más restaurantes al servicio a los hogares, es decir, de los más de 500 en la capital, alrededor de 300 ya se incorporaron, incluso algunos ya habían cerrado y retomaron su actividad.
