Los Mochis, Sin.- Con la aprobación de la Ley 3 de 3, la cual impide a los agresores sexuales, deudores alimentarios o agresores de violencia de género, ocupar un cargo en la función pública o de elección popular, surgen varias expresiones a favor y en contra de la nueva ley.
En un sondeo realizado por Línea Directa con algunos servidores públicos del Ayuntamiento de Ahome, opinaron que se hace justicia con la aprobación de esta nueva ley a las mujeres, pero ya en la realidad se deberá realmente aplicar la sanción correspondiente de lo contrario, podría seguir imperando la impunidad.
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Uno de los entrevistados manifestó que la nueva ley no es pareja, porque se debe aplicar la sanción también a las mujeres que han cometido alguna agresión en contra de otras mujeres; sin embargo, dejó en claro que los funcionarios deberán ahora predicar con el ejemplo, si quieren contar con una aspiración para ocupar un cargo público o de elección popular.
“Es una nueva reforma a la que todos nos tenemos que ajustar y todos tenemos que estar de acuerdo, y, que bueno que ahora por medio de la ley se haga responsable a las personas, la idea es que en verdad se aplique”.
“Se tiene que hacer responsable el padre, claro que como funcionarios se tiene que respetar a la mujer, no faltarles al respecto, es un gran logro de las mujeres que se publique esta ley; no yo creo que es de principios, los funcionarios deben ser personas que tengan principios y valores”.
“Yo creo que si vas a entrar a la función pública tienes que ser ejemplo, para poder aplicar la ley, para brindar un servicio de calidad se predica con el ejemplo, yo creo que apegado estrictamente a la ley es correcto”.
“Yo nomás le agregaría que también hay mujeres que agreden mujeres, y, hasta de sus propias familias, entonces, son situaciones que entenderlas y comprenderlas, hay que ayudar a resolverlas”.
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Cabe destacar que la reforma constitucional fue avalada por 20 congresos locales del país, con lo que se consolidan los cambios que hicieron legisladores federales para cerrarle el paso a que ocupen cargos públicos personas con sentencia por ser deudores de pensión alimenticia o han cometido una agresión física en contra de una mujer.
