Culiacán, Sin.- En Sinaloa hay un vacío legal entre su Constitución y el Código Penal en lo que a la interrupción de un embarazo se refiere y deben buscarse consensos para homologar en uno o en otro sentido porque en el último decreto de defensa de los no nacidos deja abierta la posibilidad de acusar de homicidio a un médico que participe en el aborto, manifestó Roberto Iván Avendaño Gálvez.
Mencionó que el personal médico tiene miedo de participar en la interrupción de un embarazo, como ocurrió en diciembre con la menor Karina, quien fue violada que se le negó la práctica en el Hospital de la Mujer porque de ser señalados por homicidio pueden purgar una pena de 20 a 30 años de prisión.
“No está explícitamente penalizado, pero deja abierta la posibilidad de una acusación por homicidio, es el problema que hay ahorita con el personal de salud. Tendrá que venir una modificación legislativa para que este asunto quede subsanado”, dijo.
Durante la conferencia de Políticas Públicas y Normatividad en materia de derechos reproductivos, el doctor Avendaño consideró oportuno que la 63Legislatura trabaje en este tema con los distintos grupos porque el aborto es un asunto que cuando se aborda se polariza.
