Culiacán, Sinaloa. En la primera reunión nacional para la protección y justicia ambiental, convocada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides), María Inés Pérez Corral, destacó que en Sinaloa estos temas son prioridad y se mantienen acciones para fortalecer mecanismos de procuración de justicia.
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La mesa de trabajo fue encabezada por Mariana Boy Tamborrell, titular de la Profepa en México, y participaron funcionarios de las 32 entidades federativas.
El objetivo fue fomentar un espacio de diálogo y colaboración entre las diversas procuradurías ambientales del país y las secretarías encargadas de la procuración de justicia ambiental, así como fortalecer las acciones conjuntas, compartir experiencias, estrategias y buenas prácticas.
“Con las buenas prácticas que se tienen desde cada uno de los estados podemos nosotros avanzar, los problemas son los mismos y muchos ya tienen las alternativas. Debo decirles que en Sinaloa empezamos los trabajos con una mesa contra los delitos ambientales, dentro de esta mesa se encuentra Defensa Nacional, Marina, Profepa, Semarnat y todos los organismos ambientales”, declaró.
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La funcionaria estatal indicó que derivado de esta mesa se dieron cuenta de que en el tema de incendios forestales hay algunas lagunas en la ley que no las atendía nadie y llegaron a la conclusión de que lo iban a trabajar por medio de la política.
Pérez Corral señaló que se tiene que trabajar en la conciencia ética para vivir bien, porque no puede haber bienestar social si no hay un ambiente sano, es por ello que es importante trabajar en una sola salud como se hace de manera internacional.
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Por su parte, la procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell, indicó que hoy la dependencia cuenta con más herramientas para cumplir con su mandato de proteger los ecosistemas y asegurar el acceso a la justicia ambiental.
Entre esas herramientas citó el fortalecimiento de la prevención, robustecimiento de la capacidad para elaborar los dictámenes técnicos y carpetas sólidas de investigación, fortalecimiento de la participación y la colaboración con la ciudadanía (comunidades, pueblos, academia, organizaciones, etc.), acompañar a las personas defensoras del medio ambiente y del territorio, así como procesos de restauración y remediación.
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