Culiacán, Sinaloa.- Castigar con de 100 a 200 días de multa y prisión de uno a cinco años al directivo, al trabajador administrativo o académico de un centro educativo de educación media superior, superior o de posgrado que ejerza presión sobre sus alumnos o subordinados laborales o académicos y los induzca o presione a asistir a una manifestación en contra de su voluntad, sea cual sea la naturaleza de la misma, proponen el diputado Serapio Vargas Ramírez, del actual Grupo Parlamentario de Morena, y el entonces diputado de la anterior Legislatura, la 64, Adolfo Beltrán Corrales.
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Ambos proponen adicionar los artículos 363 Bis, 363 Bis A y 363 Bis B, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, en materia de delitos contra la libre manifestación y fue el secretario de la Mesa Directiva del poder Legislativo, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez.
A dicha iniciativa ya se le dio primera lectura y por lo tanto continúa su proceso Legislativo en el Congreso del Estado de Sinaloa.
“Se impondrá de 100 a 200 días de multa y prisión de uno a cinco años al directivo, trabajador, administrativo o académico de un Centro Educativo de Educación Media Superior, Superior o de Posgrado que ejerza presión sobre sus alumnos o subordinados laborales o académicos y los induzca o los presione a asistir a una manifestación en contra de su voluntad”, dijo.
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También serán sancionados aquellos que realicen propaganda partidaria mientras cumplen sus funciones durante sus jornadas laborales en una institución educativa.
Asimismo, aquellos que impidan con violencia física o moral respecto de sus alumnos o subordinados laborales la asistencia de estos a un evento donde estos ejercerán el derecho a la libre manifestación.
También será castigado al que, teniendo jerarquía académica, laboral o una relación de supra a subordinación, prepare, organice o induzca a sus alumnos a realizar, a participar en manifestaciones fuera de sus aulas en contra de la voluntad explícita de estos o a realizar actos violentos que atenten contra el orden público y la paz social antes, durante y después de un evento donde se ejerza el derecho a la libre manifestación.
Sanciones similares se propone en el artículo 363 Bis A propuesto, para el caso de quienes sean docentes o tengan un cargo superior laboral o administrativo, por: amenazar con un castigo académico a sus alumnos para que asistan a un evento donde otros ciudadanos ejerzan su derecho a la libre manifestación.
También, aquel que condicione el otorgamiento de una calificación o puntaje académico, el acceso a cualquier tipo de exámenes, ya sean ordinarios o extraordinarios o cualquier tipo de beneficio académico o laboral a sus alumnos o subordinados en una institución educativa al hecho de que asistan a un evento donde otros ciudadanos ejerzan su derecho a la libre manifestación, entre otras causas.
Por último, el artículo 363 Bis B establece que cuando en la comisión de los delitos comprendidos en el presente capítulo, los sujetos pasivos de los mismos sean menores de edad, se aplicará un incremento en las penas privativas de la libertad de hasta un cincuenta por ciento adicional.
