Culiacán, Sinaloa. En el Congreso del Estado de Sinaloa avanzó una iniciativa que propone sancionar a toda persona que, sin causa justificada, dañe o impida el adecuado funcionamiento del sistema de cámaras de videovigilancia instaladas en la vía pública y que están al servicio de las instituciones de seguridad pública.
La propuesta es impulsada por la diputada local de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Rita Fierro Reyes, quien plantea adicionar la fracción V al artículo 293 Bis del Código Penal del Estado de Sinaloa.
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La sanción establecida va de cuatro años y seis meses hasta 15 años de prisión, además de una multa de mil a dos mil días.
Durante la sesión ordinaria de este martes, el secretario de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, César Ismael Guerrero Alarcón, dio lectura por primera vez a la iniciativa, la cual fue turnada para su segunda lectura por la presidenta Yeraldine Bonilla Valverde.
“La presente iniciativa tiene por objeto fortalecer y actualizar el Código Penal para el Estado de Sinaloa, con el fin de sancionar a toda persona que, sin causa justificada, dañe o impida el adecuado funcionamiento del sistema de cámaras de videovigilancia en la vía pública, y que están al servicio de las instituciones de seguridad pública”, expresó.
En la exposición de motivos, se indicó que el estado ha atravesado en los últimos ocho meses una espiral de violencia derivada de enfrentamientos entre grupos antagónicos del crimen organizado, con presencia en diversos municipios, lo que ha generado afectaciones tanto a la sociedad como a las autoridades de los tres niveles de gobierno.
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Se recordó que, durante las fiestas de fin de año, el 31 de diciembre de 2024, fueron baleadas 114 cámaras de seguridad en distintos puntos del estado. Todas formaban parte del sistema del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C4i).
La ciudad más afectada fue Culiacán, donde fue destruido el 60 % del sistema de videovigilancia. El ataque fue premeditado y simultáneo, ocurrido en un lapso breve, entre las 11:40 de la noche y las 12:15 de la madrugada.
Se detalló que el sistema permaneció afectado durante aproximadamente cuatro semanas, tiempo necesario para la reposición del equipo dañado. La sustitución representó un gasto significativo para el Gobierno del Estado, con costos estimados entre 1,500 y 4,500 pesos por cámara, dependiendo de sus capacidades tecnológicas.
