Culiacán, Sinaloa. Los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron una iniciativa que busca evitar el reclutamiento por parte de la delincuencia organizada en niñas, niños y adolescentes.
El diputado y coordinador de los diputados locales del PRI en México (Conalpri), Bernardino Antelo Esper, señaló que esta propuesta también establece la obligación del Estado de garantizar mediante políticas públicas de prevención el rescate, rehabilitación, atención, reintegración y reparación del daño.
“Tiene como finalidad incorporar explícitamente el derecho de toda niña, niño o adolescente a no ser reclutado o utilizado por parte de la delincuencia organizada y/o de los grupos delictivos así como la obligación del Estado de garantizar mediante políticas públicas de prevención, rescate, rehabilitación, atención, reintegración y reparación del daño”, dijo.
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Antelo Esper indicó que esta propuesta de ley señala que deben ser las autoridades estatales y municipales quienes impulsen la creación de políticas públicas y protocolos especializados para la detección temprana, atención psicológica, reinserción social y justicia restaurativa en menores de edad que son víctimas de reclutamiento, en coordinación con el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Educación Pública y Cultura y la Fiscalía General del Estado.
Agregó que, de acuerdo con información de la Red de los Derechos de la Infancia en México (Redim) y Reinserta, estiman que hasta 250 mil menores en todo el país están en riesgo de ser reclutados por grupos delictivos.
En Sinaloa, al menos 85 menores han sido internados en centros para adolescentes por actividades ilícitas relacionadas con el crimen organizado, y más de 60 han sido detenidos en el contexto de conflictos entre facciones criminales.
Mencionó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) destacó que el 43 por ciento de los detenidos en Sinaloa están en un rango de 18 a 29 años, mientras que la Fiscalía General del Estado reporta que el 14 por ciento de los imputados también son adultos jóvenes.
Por otro lado, la diputada local por el PRI, Irma Moreno Ovalle, explicó que se presentó una segunda iniciativa que propone adicionar el título XV Bis del familiar acompañante a la Ley de Salud del Estado de Sinaloa para reconocer jurídicamente a personas que acompañan a pacientes hospitalizados en hospitales públicos estatales.
Puntualizó que lo que se busca con esta iniciativa es que los familiares de quienes se encuentran hospitalizados tengan espacios dignos, seguros e higiénicos dentro o cerca de los hospitales, información clara sobre el estado del paciente, entre otros apoyos.
“¿Qué es lo que buscamos? Que tengan espacios dignos seguros e higiénicos dentro o cerca de los hospitales, información clara sobre el estado del paciente, acceso a apoyos de transporte, alimentación y hospedaje en casos de vulnerabilidad, no es para todo mundo”, dijo.
Moreno Ovalles mencionó que también se busca promover la construcción adecuada de albergues para familiares acompañantes, un apoyo integral en coordinación con los municipios y los organismos sociales y evaluar periódicamente el impacto de estas acciones.
¿Cuál es el proceso a seguir cuando una iniciativa llega al Congreso de Sinaloa?
Cuando una iniciativa llega al Congreso del Estado de Sinaloa, primero es presentada formalmente por quien tenga derecho a hacerlo (diputados, el gobernador, ayuntamientos o ciudadanos). La Oficialía de Partes la recibe y revisa que cumpla con los requisitos legales, y posteriormente se envía a la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, la cual determina si puede continuar su trámite. Una vez admitida, se da lectura en el Pleno y las y los diputados deciden si la toman en consideración o la desechan.
Si la iniciativa es aceptada, se turna a una o varias comisiones legislativas para su análisis, donde se estudia el contenido y se elabora un dictamen que puede ser a favor o en contra. Dicho dictamen se presenta al Pleno para su discusión y votación; si se aprueba, la iniciativa se convierte en ley o reforma y se publica en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa para que entre en vigor conforme a lo establecido en el propio decreto.
