Culiacán, Sinaloa.- Durante la sesión extraordinaria de este domingo por parte del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado de Sinaloa, José Mora León, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el Consejo Local del INE en Sinaloa, manifestó que de manera categórica, contundente y respetuosa el tricolor acatará en sus términos los acuerdos aprobados que concede medidas cautelares en torno a ordenar a la candidata al Senado de la República por PRI, Partido Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), Paloma Sánchez Ramos, así como para la presidenta del PRI en Sinaloa, Paola Garate Valenzuela, que bajen publicaciones donde se le imputan de diversos delitos a Enrique Inzunza Cázarez.
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Lo anterior, de acuerdo a dos quejas interpuestas por el candidato al Senado de la República por Morena, Enrique Inzunza Cázarez, una en contra de la líder partidista y otra en contra de la candidata al Senado de la alianza “Fuerza y Corazón X Sinaloa”, quien señala que constantemente las personas antes mencionadas han estado haciendo imputaciones de delitos en su contra.
Sin embargo, expuso que de ninguna manera esto significa acatar que se consientan sus consideraciones, valoraciones y sentido de las decisiones.
Por lo anterior, anticipó que se estaría presentando los recursos y medios de impugnación ante las instancias correspondientes.
“Por ello, se harán valer los recursos y medios de impugnación previstos en la normatividad ante las autoridades jurisdiccionales competentes con la finalidad de obtener su puntual revocación”, dijo.
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Durante su participación, Mora León, consideró que las medidas ordenadas causan una vulneración directa a los derechos a la información y de libertad de expresión que conllevan al burdo intento por silenciar y callar la pública defensa que realiza el partido respecto de los derechos de las mujeres y particularmente de quienes han acudido a diversas instancias para denunciar dichas afectaciones.
Agregó que como instituto político reafirman que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares inquebrantables de cualquier democracia y reafirmó que las medidas ordenadas no solo vulneran estos derechos, sino que representan un ataque directo a la transparencia y al debate público.
