Culiacán, Sin.- El pasado 17 de mayo, la Universidad Autónoma de Sinaloa presentó una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la cual ya fue admitida, pues aseguró que la Fiscalía General del Estado le negó la recepción de una denuncia que intentaban interponer contra diversos funcionarios estatales.
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El abogado general de la UAS, Robespierre Lizárraga Otero, informó que se tienen varios días planteando distintas quejas ante la CEDH, y una de ellas fue justamente por esta acusación de que no les quisieron admitir la querella.
“En este caso la Comisión Estatal de Derechos Humanos en una notificación que nos hace llegar, manifiesta que tiene por admitido el escrito de queja, eso lo fundamenta en el Artículo 62 y 63 de la Ley Orgánica de la propia Comisión, por los actos y omisiones que nosotros reclamamos en el oficio que les entregamos este mes de mayo sobre que la Fiscalía General del Estado, no nos recibió una denuncia penal que presentamos”, dijo.
También hicieron conocimiento de la Comisión que solicitaron una audiencia de control de garantías ante el Poder Judicial y no se obtuvo respuesta ya que en lugar de instruir al ministerio público la recepción de la denuncia, el juez desestimó el reclamo y simplemente señaló que volvieran a hacer otro intento.
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Sobre la denuncia penal en contra del rector Jesús Madueña y universitarios integrantes del Comité de Adquisiciones, que se divulgó en medios de comunicación el martes por la noche y el miércoles por la mañana, la UAS anunció que este jueves promoverá otra queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya que consideran que no se respetó la presunción de inocencia.
“Esperamos que también se abra una investigación por la Comisión y emita la recomendación debida al órgano, no descartamos promover algún amparo”, puntualizó.
Cabe recordar que el 23 de mayo, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica dio vista a la titular de la Fiscalía, Sara Bruna Quiñónez, de una nueva denuncia contra el rector Madueña y otros universitarios, por el presunto delito de desempeño irregular de la función pública.
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