Guamúchil, Sinaloa. La falta de una firma en un documento oficial provocó que el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (Sates) aplicara una multa de mil 994 pesos a cada uno de los regidores de Salvador Alvarado.
Se entregaron varias respuestas a un trámite y solo en una hubo omisión
La síndica procuradora, Paulina Sáinz Aguilar, explicó que la sanción se originó durante la atención de un procedimiento legal en el que el municipio debía presentar una serie de respuestas ante la autoridad correspondiente.
La síndica procuradora detalló que dentro del mismo paquete se enviaron cuatro respuestas relacionadas con el procedimiento en cuestión. Tres de los documentos fueron integrados correctamente y contaban con todas las firmas requeridas, sin embargo, en uno de ellos se omitió la firma del secretario del ayuntamiento, quien debía certificar el acta correspondiente.
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De acuerdo con la funcionaria, el caso ya fue revisado por las áreas involucradas y se determinó que la situación obedeció a un error administrativo involuntario, sin que existiera intención de incumplir con alguna obligación legal por parte del Ayuntamiento.
“Realmente no es algo que nosotros hayamos omitido o que hayamos hecho mal dentro de las respuestas que se estaban otorgando, simplemente fue un error humano”, señaló.
Precisó que el contenido de la respuesta no presentó observaciones ni irregularidades, por lo que el problema se centró exclusivamente en el incumplimiento de un requisito formal dentro del proceso administrativo.
La experiencia obliga a hacer revisiones documentales más estrictas
Sáinz Aguilar reconoció que el responsable del trámite asumió desde un principio la equivocación y aceptó su responsabilidad por la omisión. Asimismo, destacó que este tipo de situaciones obligan a reforzar los mecanismos de revisión documental para evitar que errores similares vuelvan a generar consecuencias económicas para funcionarios municipales.
La funcionaria también llamó a contextualizar el hecho y diferenciar entre una omisión dolosa y un error administrativo derivado de la carga de trabajo cotidiana que enfrentan las áreas responsables de atender procedimientos legales y administrativos.
Aunque el monto de la multa puede considerarse menor en comparación con otras sanciones administrativas, el caso dejó clara la importancia de verificar cada detalle en la documentación oficial, ya que una simple firma puede marcar la diferencia entre cumplir o incumplir con un procedimiento ante las autoridades.
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¿Puede una autoridad imponer multas por errores administrativos, aunque no exista mala intención?
Sí. En materia administrativa, las autoridades pueden imponer sanciones cuando detectan incumplimientos a requisitos legales o procedimentales, aun cuando no exista intención de infringir la norma.