Culiacán, Sin- Por mayoría, con 27 votos a favor y cuatro en contra, en el pleno, los diputados del Congreso del Estado de Sinaloa no aprobó un dictamen de una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense (PAS) y de la ciudadana Jesús Angélica Díaz Quiñónez con la cual proponía expedir la Ley de Operación e Innovación Digital del Estado de Sinaloa.
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En contra de la aprobación del dictamen en sentido negativo se pronunció la diputada local por el PAS, Elizabeth Chía Galaviz.
“Nos parece lamentable para las y los sinaloenses ya que en vez de avanzar a la par con las sociedades desarrolladas en el uso de tecnologías estamos ante un claro retroceso”, expuso.
A favor del dictamen fijó un posicionamiento la diputada local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Cinthia Valenzuela Langarica, quien también es presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, una de las comisiones dictaminadoras.
“Al analizar la exposición de motivos de la iniciativa no se encontró argumento que conduzca a un despropósito de la Ley vigente ni menciona cuáles son las consecuencias jurídicas negativas o efectos inciertos”, señaló.
Al no ser aprobada, el presidente de la Mesa Directiva, Ricardo Madrid Pérez, instruyó a la Secretaría General del Congreso a que archive la propuesta como asunto total y definitivamente concluido.
En los argumentos presentados para no aprobar esta iniciativa, se explica que la misma invade competencias de la Federación y propone la creación de estructura que sería en demérito de las finanzas estatales, dado que actualmente ya se cuenta con un ordenamiento que atiende en su integridad el tema propuesto.
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Se precisa que la propuesta contempla tendría un costo similar al que tiene la operación de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, con 21 direcciones, 12 subdirecciones, 7 coordinaciones, y tres jefaturas departamentales, que en 2022 se le asignó un presupuesto superior a los 256 millones de pesos.
Es decir, si esta estructura resulta fielmente trasladada al ámbito local, las finanzas estatales pueden ser severamente afectadas en detrimento, por ejemplo, de obra pública social.
En el pleno, diputados desechan crear Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública; iniciativa presentada por el PAS
Por mayoría, con 27 votos a favor y cuatro en contra, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó desechar expedir la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Estado, una iniciativa presentada por el Partido Sinaloense (PAS) y la ciudadana Jesús Angélica Díaz Quiñonez, en la cual se propone expedir la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.
La diputada local por el Partido Sinaloense (PAS), Elizabeth Chía Galaviz expuso que, si había algo que adecuar en el proyecto se puede resolver con el diálogo, con mesas de trabajo y pedía que no fuera rechazada.
“Exhorto a este pleno que esta iniciativa no sea rechazada y que si se requiere de modificaciones sea subsanada en Comisiones Unidas por el área jurídica de este Congreso”, dijo.
Por su parte, el diputado local por Morena, José Manuel Luque Rojas se pronunció a favor del dictamen que venía en sentido negativo.
“Es una copia literal de la vigente que regula el uso de la tecnología para Seguridad pública del Distrito Federal, hoy ciudad de México, sólo sustituyen el ámbito de aplicación espacial por lo que no corresponden a la realidad social, política y económica del Estado de Sinaloa”, dijo.
En consecuencia, el presidente de la Mesa Directiva, Ricardo Madrid Pérez instruyó a la Secretaría General del Congreso archivar este asunto como total y definitivamente concluido.
En los argumentos que se ofrecieron para desechar esta iniciativa, es que ésta no se ajusta a las condiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Además, la iniciativa se redactó en términos similares a la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, vigente en la Ciudad de México.
Es decir, resulta inviable expedir la ley propuesta, ya que no necesariamente atendería las condiciones y necesidades específicas en la materia, en el supuesto que se requiera en el estado de Sinaloa, sólo por el hecho de sustituir la identificación territorial de su aplicación.
