Culiacán, Sinaloa. En la sesión ordinaria de este martes, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Entre los cambios aprobados está en el que se retoma las obligaciones para el estado y los municipios de instrumentar las medidas presupuestales y administrativas necesarias y suficientes.
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Sin embargo, se le agrega también medidas de carácter extraordinario para hacer frente a la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres y deberán contar con fiscalías especializadas para atender los delitos contra las mujeres y Centros de Justicia para las Mujeres.
En los relativos a los principios rectores para el ejercicio del derecho a la igualdad de oportunidades con equidad de género, así como del acceso a una vida libre de violencia contra las mujeres, que la actual ley contempla cinco, ahora se suman otros seis principios, que son: perspectiva de género, la debida diligencia, la interseccionalidad, la interculturalidad, el enfoque diferencial y la integración plena y total de las mujeres a la vida democrática y productiva del estado.
En lo relativo a la misoginia, reconocida como conductas de odio hacia la mujer, se le añade que estas conductas también son contra las niñas y las adolescentes.
Sobre la “Alerta de Género” se robustece para quedar como sigue: Alerta de Violencia de Género: Es el conjunto de acciones gubernamentales coordinadas, integrales, de emergencia y temporales realizadas entre las autoridades de los tres órdenes y niveles de gobierno, para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado; así como para eliminar el agravio comparado, resultado de las desigualdades producidas por ordenamientos jurídicos o políticas públicas que impiden el reconocimiento o ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, las adolescentes y las niñas, a fin de garantizar su pleno acceso al derecho a una vida libre de violencias.
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Los Centros de Justicia para las Mujeres, los que se les define como espacios multidisciplinarios e interinstitucionales que brindan, de manera gratuita, atención integral a mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijas e hijos menores de edad, desde las perspectivas de género, derechos humanos, intercultural, diferencial e interseccional, mediante la prestación de servicios en un mismo lugar, con la finalidad de promover y garantizar su acceso a la justicia, el ejercicio pleno de sus derechos humanos y su empoderamiento.
Otras fracciones que se adicionan son definiciones de Debida diligencia, Enfoque diferencial, Interculturalidad e Interseccionalidad.
En el artículo 14, relativo a la violencia familiar, se adiciona que también se considera tal cuando la persona agresora tenga responsabilidades de cuidado o de apoyo, aunque no tenga una relación de parentesco.
