Por falsedad procederán contra Anabel, no estaba embazarada

Culiacán, Sin.-
El Procurador General de Justicia dio a conocer que mediante pruebas
científicas realizadas en el Hospital de la Mujer como son ultrasonido,
exámenes médicos y cuantificación gonadotropina coriónica humana, se determinó que
Anabel Valenzuela Jiménez no estaba embarazada, ni se encontraron signos de
parto reciente.Tras una ardua
investigación, donde se involucraron a varios agentes para este caso, se
realizaron indagatorias correspondientes después de la toma de declaración de
Anabel Valenzuela, en donde se corroboró que el día 6 de julio no se detectó su
presencia en las cámaras de videovigilancia en el Hospital General de
Guamúchil, y además el ginecólogo que presuntamente le atendió tampoco
reconoció haber prestado servicios médicos a la denunciante.
Marco Antonio
Higuera Gómez informó que los hospitales de Angostura, Guamúchil, Culiacán y con
Cruz Roja de Salvador Alvarado no se encontraron registro de atención a esta
joven respecto este embarazo, mucho menos traslados a la ciudad capital al
Hospital General de Culiacán, donde ella refirió sucedieron los hechos del
rapto de su bebé.Explicó que
además Anabel Valenzuela Jiménez cuenta con un dispositivo anticonceptivo por
lo que el útero se encuentra en un estado normal.?Se hicieron
estudios médicos en el Hospital de la Mujer, en el expediente clínico la
doctora Liliana Zamora se hizo una cuantificación gonadotropina coriónica
humana y ultrasonido, de tal manera que concluyen no presenta signos de parto o
embarazo, y se observa la presencia de un dispositivo intrauterino, que es un
método anticonceptivo, el útero se encuentra en condiciones normales?, declaró.Por ello se
procederá por falsear información a una autoridad, situación que será
solicitada al juez, señaló Higuera Gómez.?Qué va a pasar,
pues es lógico que es una persona que se condujo con falsedad ante una
autoridad distinta a la judicial. En el transcurso de los días la Procuraduría
determinará si acude ya ante la instancia judicial para solicitar la audiencia
respectiva y téngalo por seguro que va haber respuesta?, puntualizó. El titular de la
Procuraduría General de Justicia destacó que la penalidad es de tres meses a
tres años prisión, con una multa de 30 a 100 salarios mínimos, dado a que no
está catalogado como un delito grave podría llevar el proceso en libertad bajo
las condiciones que marca la ley.AA/CHG/LM