Los Mochis, Sin. La planta de fertilizantes de Proman-GPO que se construye en Topolobampo cuenta con todas las autorizaciones ambientales requeridas para su desarrollo y actualmente se encuentra en una etapa de supervisión y seguimiento por parte de las autoridades federales para verificar el cumplimiento de las condicionantes establecidas en su autorización, informó la subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental del Gobierno de México, Marina Robles García.
En entrevista para Línea Directa este martes 23 de junio de 2026, la funcionaria federal explicó que el proyecto inició su proceso de evaluación ambiental hace más de una década y que, tras diversas revisiones técnicas, procedimientos judiciales y consultas, obtuvo en 2022 las autorizaciones necesarias para avanzar.
“Este proyecto tuvo una primera autorización en 2014. Después completó distintas solicitudes realizadas por las autoridades y también por resoluciones derivadas de procesos judiciales. Todo ese procedimiento concluyó en 2022 con las autorizaciones y los estudios necesarios para iniciar su desarrollo”.
Semarnat mantiene vigilancia permanente sobre la planta de amoniaco
La funcionaria destacó que la postura actual del Gobierno Federal es respetar las autorizaciones ambientales otorgadas, siempre y cuando se cumplan las medidas de protección ambiental, prevención de riesgos y restauración ecológica establecidas en los resolutivos correspondientes.
Explicó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la propia Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) mantienen una supervisión constante para verificar que la empresa cumpla cada una de las condicionantes impuestas.
Subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental del Gobierno de México, Marina Robles García / Foto: Cortesía
“Lo que nos corresponde como autoridad ambiental es respetar las autorizaciones que están dadas al proyecto, pero asegurando permanentemente que se cumplan todas las condiciones establecidas para la protección ambiental y la seguridad de las comunidades”.
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Restauración de la bahía de Ohuira, una obligación del proyecto
Uno de los aspectos centrales de las “condicionantes ambientales” es la restauración de la bahía de Ohuira, considerada una de las zonas ecológicas más importantes del norte de Sinaloa.
Robles García explicó que los estudios realizados por instituciones académicas, entre estas el Instituto Politécnico Nacional (IPN), identificaron afectaciones acumuladas durante décadas por descargas urbanas, actividad acuícola y sedimentación en el sistema lagunar.
“El sistema lagunar ha recibido durante muchos años grandes cantidades de materia orgánica y sedimentos provenientes principalmente de granjas camaronícolas y zonas urbanas. Esto ha provocado problemas en el flujo natural del agua y afectaciones a ecosistemas como el manglar”.
Entre las acciones exigidas por Semarnat se encuentran: recuperación del flujo hidrológico natural de la laguna, restauración y reforestación de manglares, monitoreo permanente de flora y fauna, seguimiento de la calidad del agua y programas de conservación y recuperación ecológica.
Comunidades participarán en la supervisión ambiental
La subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental del Gobierno de México informó que la Profepa inició esta misma semana un programa específico de revisión de las condicionantes ambientales relacionadas con el proyecto.
Además de las inspecciones técnicas y la revisión de informes presentados por Proman-GPO, las comunidades cercanas participarán proporcionando información que permita fortalecer la vigilancia ambiental.
“En proyectos con una alta sensibilidad social es muy importante incorporar la información que proporcionan las comunidades para que la autoridad esté todavía más atenta al cumplimiento de las medidas establecidas”, explicó.
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Desarrollo económico y protección ambiental pueden ser una realidad
Respecto al debate sobre el desarrollo industrial y la conservación ambiental, Robles García sostuvo que la función de las autoridades ambientales consiste precisamente en generar condiciones para que ambas áreas puedan coexistir.
Señaló que la planta de fertilizantes representa beneficios importantísimos para la agricultura sinaloense y nacional, al fortalecer el suministro de insumos para la producción de fertilizantes, pero también debe generar beneficios directos para las comunidades.
“Parte de lo que estamos revisando es cómo proyectos de esta naturaleza dejan beneficios tangibles para las comunidades donde se establecen. No solamente hablamos del empleo, sino también de mejoras sociales y económicas visibles para la población”.
Añadió que la protección ambiental también tiene efectos positivos sobre actividades productivas como la pesca y el turismo, al garantizar ecosistemas saludables y recursos naturales en mejores condiciones.
El objetivo es desarrollo con responsabilidad ambiental
Finalmente, Marina Robles García subrayó que el objetivo del Gobierno Federal es garantizar que el crecimiento económico y la generación de empleos ocurran bajo criterios de sostenibilidad ambiental.
“Necesitamos conciliar el desarrollo económico con la protección ambiental. Esa es una responsabilidad fundamental del sector ambiental: asegurar que las condiciones ecológicas no solo se mantengan, sino que mejoren para beneficio de las comunidades y de las futuras generaciones”.
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