Guasave, Sinaloa. Por sentencia de un juez civil el Ayuntamiento de Guasave está obligado a pagar casi 2.5 millones de pesos a proveedora que se contrató en el periodo del exalcalde Armando “Kory” Leyson Castro, y que pese a que se estuvo litigando el caso finalmente se perdió el juicio y se tiene que cumplir con el pago al demandante a la brevedad posible, reveló el director jurídico de la comuna guasavense, Daniel Hibraím López Armenta.
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Se trata de una empresa que suministraba productos de medicina, que al no cumplirle con las facturas tuvo que denunciar en el 2018 durante el periodo de Diana Armenta.
El jurídico del Ayuntamiento detalló que ya se tenía una sentencia ejecutoria en primera instancia civil, que posteriormente fue inminente que se obligara, de modo que esta empresa proveedora ganó la demanda y con ello se elevó el monto que le debía el Gobierno Municipal a 300 mil pesos más.
“Por el momento es una demanda civil que viene desde el periodo de Diana Armenta, que se estuvo litigando. Ya se tenía una sentencia ejecutoria en primera instancia civil, pero llegó el momento en el que ya se tiene que pagar a la brevedad, es una cantidad importante, son casi 2.5 millones de pesos”, precisó.
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Como este caso que se viene de compromisos omitidos en administraciones anteriores, Daniel Hibraím López detalló que existen una serie de demandas que se arrastran del pasado que están todavía en litigio dentro de los órganos jurisdiccionales, por la delicada insolvencia económica con la que cerró la administración de Leyson Castro.
Esta situación compromete las finanzas municipales, como lo que ocurrió en la pasada administración, que igual se perdió una demanda por incumplimiento de pago en otro trienio por la renta de equipo de cómputo y el juez obligó al Gobierno Municipal a pagarle al proveedor alrededor de 20 millones de pesos, cantidad que ya este año está por finiquitar.
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La dirección de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento envió una solicitud a Tesorería para que se cubra este monto a la brevedad posible, ya que es una orden del juez civil y que no tiene reversa, por lo que ahora se encuentran negociando con la proveedora para hacer frente, pero en parcialidades, ya que los recursos están limitados.
